En Europa debatimos con frecuencia si regulamos demasiado. A veces parece casi un rasgo identitario. Desde la protección de datos hasta la inteligencia artificial, pasando por la energía o las finanzas, la conversación es recurrente: ¿estamos poniendo demasiadas reglas a nuestras empresas?
Es una pregunta legítima. Pero quizá esté incompleta. El verdadero dilema no es solo si regulamos mucho. Es también dónde no hemos regulado y qué consecuencias ha tenido eso.
Como bien se ha contado en este periódico, en diciembre de 2025, varios jueces de la Corte Penal Internacional fueron sancionados por la Administración estadounidense tras autorizar investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra. Entre los afectados había magistrados de Estados miembros de la Unión Europea. Las medidas incluyeron revocación de visados, bloqueo de cuentas y cancelación de servicios financieros y digitales. Funcionarios europeos, actuando en el marco de una institución internacional, vieron restringido su acceso al sistema financiero por una decisión adoptada fuera de Europa.
Más allá de la polémica jurídica, el episodio reveló una realidad incómoda: el acceso al dinero digital depende de redes cuya gobernanza y capacidad de ejecución no están en Europa. Y, cuando eso ocurre, la autonomía deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un problema operativo.
La Unión Europea representa alrededor del 15% del PIB mundial y el euro concentra cerca del 20% de las reservas internacionales de divisas. No hablamos de una moneda menor. Sin embargo, la mayoría de los pagos electrónicos en la Unión se canaliza a través de esquemas internacionales como Visa o Mastercard, redes globales con enorme capacidad técnica, pero con centros de decisión fuera del perímetro europeo.
Aquí el debate sobre la sobrerregulación adquiere matices interesantes. En algunos ámbitos, Europa ha regulado intensamente. En otros, asumimos que la infraestructura vendría dada por el mercado global. El resultado es que, mientras discutimos si nuestras normas son demasiado estrictas, dependemos en capas críticas del sistema financiero de arquitecturas que no controlamos.
No se trata de una compra trivial en el supermercado. Cada vez que un ciudadano europeo paga una suscripción digital, reserva un hotel o adquiere un billete de avión, genera una huella financiera detallada. Esos datos revelan hábitos de consumo, movilidad, relaciones económicas. En la economía digital, el dinero es también información. Y quien controla los rieles de pago influye en cómo circula esa información y bajo qué condiciones.
El sistema actual no es un espacio sin reglas. Está profundamente estructurado. Pero buena parte de sus estándares técnicos, reglas operativas y condiciones de acceso se definen fuera de la Unión Europea. No es una anomalía; es el resultado de la globalización financiera. Sin embargo, en un entorno geopolítico más fragmentado, esa dependencia se vuelve más visible y costosa.
La autonomía estratégica no significa autarquía. Europa seguirá formando parte de un sistema financiero global interconectado. La interdependencia es estructural. Pero interdependencia no es lo mismo que dependencia asimétrica.
Una moneda con aspiración global necesita apoyarse en infraestructuras coherentes con su propio marco institucional. De lo contrario, su peso económico no se traduce plenamente en capacidad operativa. Es difícil hablar de soberanía monetaria si la información extraída de cada operación no circula por el mismo espacio jurídico que emite la moneda.
Algunos critican el euro digital por considerarlo un exceso de intervención pública. Es un debate legítimo. Pero conviene aclarar algo: el poder en el sistema de pagos ya existe. No estamos eligiendo entre poder y ausencia de poder. Estamos decidiendo dónde se sitúa ese poder y bajo qué reglas se ejerce.
La alternativa al euro digital no es un mercado neutral y desregulado. Es un ecosistema en el que actores privados globales fijan estándares técnicos, gestionan datos financieros y establecen condiciones operativas que influyen directamente en la economía europea.
Europa puede ser exigente en su regulación y, al mismo tiempo, carecer de infraestructuras propias en ámbitos críticos. No es una contradicción; es una lección. A veces el problema no es haber regulado demasiado, sino no haber construido lo suficiente.
El euro digital no resolverá por sí solo todos los desafíos del sistema de pagos. Tampoco sustituirá al sector privado ni a las redes internacionales. Pero puede ampliar opciones, reducir concentraciones y reforzar la coherencia entre el peso económico del euro y la tecnología que lo sostiene.
Quizá el verdadero debate no sea si Europa regula en exceso, sino si en los ámbitos estratégicos ha sabido regular y construir con la ambición que su propia moneda exige.
