España ha vuelto a cumplir con los objetivos fiscales por sexto año consecutivo. Y lo ha hecho mejor de lo esperado. El déficit público cerró 2025 en el 2,2% del PIB, por debajo de lo pactado con Bruselas, con quien el Gobierno se había comprometido a un desfase máximo del 2,5%. Es más: se trata de la mejor ratio en 18 años, desde el estallido de la crisis financiera. En términos absolutos, la cifra equivale a 36.780 millones, casi 9.000 millones menos que el ejercicio previo.
La ya exministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó hace dos semanas que España había cumplido el objetivo de déficit fijado para 2025. “Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia”, afirmó en un encuentro celebrado pocos días antes de que abandonara sus cargos en el Gobierno para concurrir a las elecciones andaluzas de mayo —Arcadi España ha asumido la cartera del ministerio y Carlos Cuerpo de la vicepresidencia primera—. El límite del 2,5% se cumple incluso si se incorpora el gasto asociado a la dana, que elevaría el desequilibrio hasta el 2,4%, aunque Bruselas no lo computa a efectos de los procedimientos por déficit excesivo.
La pandemia dejó profundamente trastocadas las finanzas públicas españolas. La ratio de déficit sobre el PIB, es decir el saldo negativo entre gastos e ingresos públicos, se disparó de un plumazo en 2020 y llegó a rozar el 10%. El alza con respecto al año previo superó los seis puntos porcentuales, resultado del cañonazo de recursos desplegados para contener el impacto social y económico de la covid. A partir del año siguiente, el desajuste se ha ido reduciendo a marchas forzadas a medida que la economía se recuperaba y crecía con más intensidad que la de los vecinos.
España lleva dos años destacando en el panorama internacional como la economía avanzada que más crece. Entre los ingredientes que explican esta solidez figuran la fortaleza del mercado laboral —impulsada por los flujos migratorios—, el buen comportamiento de la inversión y el auge del consumo, que han empujado hacia arriba el PIB —un 2,8% el año pasado, frente al 1,5% del bloque de la moneda única— y con ello los ingresos públicos.
De hecho, la corrección del desequilibrio fiscal se explica más por el aumento de los ingresos que por la aplicación de ajustes o el alivio en el gasto —que está en máximos pese a frenarse su ritmo de crecimiento tras la emergencia sanitaria—. La recaudación tributaria engordó a tasas de doble dígito durante los años sucesivos a la pandemia, y siguió viento en popa incluso con la crisis energética de 2022 y la batería millonaria de rebajas fiscales aprobadas para hacerle frente. A ello contribuyó, además de la solidez de la economía, la subida de precios que se agravó tras la invasión rusa de Ucrania y las sucesivas alzas de salarios y pensiones para compensarla.
El año 2025 no fue una excepción. La buena marcha de la actividad se volvió a reflejar en unas cifras de recaudación récord: los ingresos tributarios se elevaron un 10,4% y alcanzaron los 325.356 millones de euros. “La evolución de la recaudación ha sido extraordinaria y ha sido mucho más relevante en el ajuste que la prórroga presupuestaria —que debería frenar el gasto—”, confirma Santiago Lago, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. “El aspecto menos positivo es que la componente estructural del déficit apenas habría caído. Dicho en otras palabras, para una coyuntura tributaria tan favorable, deberíamos haber visto una reducción del déficit superior”, matiza.
El IRPF, la figura fiscal más potente del sistema, experimentó el aumento más marcado, del 10,1%, hasta un récord de 142.466 millones de euros. La enorme cosecha proporcionada por el impuesto sobre la renta refleja el vigor del mercado laboral y también recoge el impacto de las subidas salariales —la oposición ha criticado duramente al Gobierno por no haber deflactado el tramo estatal del IRPF—, aunque el ministerio matiza que la inflación solo explica 1,3 puntos de la subida de los ingresos totales por impuestos en 2025.
La recaudación por IVA también se disparó hasta cifras hasta ahora inéditas: proporcionó 99.532 millones de euros, un 9,9% más que en 2024, gracias a la buena marcha del consumo —que está siendo uno de los grandes motores del crecimiento económico reciente—. El impuesto sobre sociedades, aunque no marcó récord, se quedó muy cerca. Incrementó su aportación a las arcas públicas un 8,1%, con 42.266 millones. Se trata de la cifra más alta desde 2007, todavía en plena exuberancia económica antes del pinchazo de la burbuja.
“Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”, ha comentado el flamante ministro de Hacienda, Arcadi España. Las Administraciones públicas, además, registraron un superávit primario por primera vez desde 2007. El ministro ha destacado que la mejora de los datos “ha sido compatible con el fortalecimiento del Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones de euros para combatir la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, las catástrofes naturales como la dana o el conflicto bélico actual en Irán”.
El grueso del desajuste se concentra en la Administración central, que a la vez es el subsector que más ha corregido su desfase —del 2,6% al 1,9% del PIB, sin incluir el gasto por la dana—. La Seguridad Social también ha mejorado su saldo, reduciendo el déficit del 0,5% al 0,3% gracias a la buena evolución de las cotizaciones sociales. Las autonomías, al contrario, han engordado sus números rojos del 0,18% al 0,3%, con los territorios infrafinanciados a la cabeza: Murcia (1,56%) y la Comunidad Valenciana (1,54% sin la dana). Las cuentas de los ayuntamientos también han sufrido un ligero deterioro, pero siguen registrando un superávit del 0,3%.
Reglas fiscales
Hasta el año 2024, los socios comunitarios podían manejar sus cuentas públicas con restricciones relativas, puesto que las reglas fiscales comunitarias, suspendidas con la irrupción de la pandemia en 2020, seguían congeladas. Pero el corsé presupuestario europeo ha vuelto a estar en vigor el año pasado. Y lo ha hecho con un marco renovado.
Sigue vigente la obligación de mantener el déficit a rajatabla, por debajo del 3% del PIB, pero la nueva variable de control es el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos. Es en este terreno donde los Estados miembros deben echar el freno: el objetivo final es que la deuda pública se sitúe en una trayectoria descendente. El Gobierno se ha comprometido a que la ratio de pasivo sobre el PIB ronde el 90% del PIB para 2031, casi 10 puntos menos del 100,7% del cierre de 2025, de acuerdo con los datos definitivos publicados este martes por el Banco de España.
Y es ahí donde España podría encontrar mayores dificultades. Antes de conocerse los datos de cierre presupuestario de 2025, la Autoridad Fiscal había avisado de que el paquete de ayudas de 5.000 millones que el Gobierno ha aprobado a raíz de la guerra en Oriente Próximo apartaría ya este año a España de la senda que marcan las nuevas reglas. Todo ello, además, en un contexto de gran incertidumbre: el alcance del impacto dependerá de cuánto se prolongue el conflicto y de la intensidad con la que las hostilidades sigan afectando a la economía mundial.
