Telefónica celebró el pasado 26 de marzo su Junta General de Accionistas de 2026 en una sesión marcada por un significativo voto de castigo de los inversores institucionales a la política de retribuciones de la compañía. El informe anual de remuneraciones, que incluía las indemnizaciones por un total de 78,4 millones de euros abonadas a José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá, obtuvo el respaldo de solo el 65,29% del capital presente o representado, el nivel de apoyo más bajo de toda la jornada.
Según los datos oficiales de escrutinio, este punto del orden del día enfrentó un rechazo del 18,74% de los votos y una abstención del 15,97%, evidenciando la fractura entre el consejo de administración y grandes fondos internacionales como Norges Bank o Calpers ante las condiciones de salida de la anterior cúpula directiva. Esta cifra supone que más de un tercio del accionariado que participó en la junta evitó dar su respaldo explícito a la política retributiva del ejercicio anterior, un resultado que, aunque no tiene carácter vinculante porque es meramente consultivo, envía una señal de advertencia reputacional al órgano de gobierno de la compañía.
No obstante, no es la primera vez que la junta muestra su desaprobación a las remuneraciones. En 2022, este mismo punto, correspondiente al voto consultivo de las remuneraciones de los consejeros del año 2021, logró un apoyo del 53,3% y tuvo un voto en contra del 42,9%, con un 3,8% de abstenciones.”
El origen de esta hostilidad de los inversores reside en las cantidades millonarias liquidadas a la anterior cúpula directiva, cesada en enero de 2025. Álvarez-Pallete, quien dejó la presidencia ejecutiva, percibió un total de 44,5 millones de euros, y el exconsejero delegado Ángel Vilá recibió 33,9 millones de euros.
Oposición de Norges
Estas cuantías activaron la oposición de algunos de los grandes fondos soberanos e internacionales, con Norges Bank Investment Management (NBIM) a la cabeza como adelantó EL PAÍS/Cinco Días. El fondo noruego, titular de un 1,5% de las acciones de Telefónica, justificó su voto en contra aludiendo a una falta de transparencia por parte del consejo y a la necesidad de que los beneficios extraordinarios tengan una justificación empresarial nítida.
Para NBIM, resulta inaceptable el pago de cuatro años de sueldo como indemnización, cuando las prácticas internacionales de buen gobierno recomiendan limitar estas compensaciones a un máximo de dos anualidades. Asimismo, el fondo defendió que la retribución de la alta dirección debería estar mayoritariamente vinculada a acciones bloqueadas por periodos de cinco a diez años para alinear los intereses de los gestores con el valor a largo plazo de la empresa.
A la postura de Noruega se unieron los fondos de pensiones de California, Calpers y Calstrs, que también emitieron votos negativos al informe de remuneraciones. Este bloque opositor siguió las recomendaciones de los dos principales asesores de voto del mercado, ISS y Glass Lewis. Ambos organismos calificaron las cifras de desproporcionadas y ajenas a la coyuntura del mercado. Glass Lewis subrayó especialmente la desconexión entre la remuneración de la cúpula y el rendimiento bursátil de la compañía, cuya acción ha experimentado un retroceso del 16% en los últimos doce meses, coincidiendo con un ajuste en la política de dividendos.
Como medida para aplacar las críticas, Telefónica presentó a la junta una nueva política de remuneraciones que entrará en vigor en 2027 y se prolongará hasta 2029. El nuevo diseño, englobado en el punto VII del orden del día, recibió el apoyo del 81,29% de los accionistas. Este plan introduce restricciones severas, como la prohibición de percibir simultáneamente la indemnización por cese y los derechos del plan de previsión social. Además, el máximo indemnizable se reducirá a dos anualidades, alineándose con los estándares internacionales. Este cambio de rumbo sugiere que la protesta actual se dirigía específicamente a las condiciones de salida pactadas con el equipo anterior.
Descontento con García Blanco
El descontento también se trasladó a la reelección de María Luisa García Blanco como consejera que cosechó el mayor rechazo entre los administradores, con un 2,94% de votos en contra y un 0,55% de abstenciones. Los inversores críticos la señalaron como responsable técnica, desde su posición en la comisión de nombramientos y retribuciones, por autorizar los pagos cuestionados. En contraste, otros nombramientos como el de Mónica Rey Amado o Jane Thompson obtuvieron niveles de apoyo superiores al 98,9%.
La figura del actual presidente, Marc Murtra, tampoco escapó al escrutinio de los proxy advisors. Glass Lewis puso el foco en su sueldo fijo de 1,9 millones de euros, cuestionando que esta retribución no esté vinculada de forma más directa a objetivos específicos de rentabilidad para el accionista. No obstante, la gestión del consejo de administración fue ratificada por una mayoría amplia del 98,37% de los votos.
La aprobación de los acuerdos fue posible gracias al sólido respaldo del nuevo núcleo estable de accionistas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 10% del capital, junto a CriteriaCaixa (9,9%), Saudi Telecom (9,96%) y el BBVA (5%), sumaron sus posiciones para garantizar la estabilidad institucional de la operadora. En este sentido, la SEPI abandonó la postura de abstención que mantuvo el año pasado en materia retributiva para apoyar las propuestas del consejo, neutralizando así el peso del bloque de fondos internacionales.
En el ámbito ordinario, la junta validó las cuentas anuales de 2025 y el informe de gestión con un respaldo del 99,24%. También se aprobó el punto VI, relativo a la retribución al accionista, que contempla un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a reservas, pagadero el 18 de junio de 2026, con un apoyo del 99,21%. Respecto a la auditoría, PwC continuará como auditor de cuentas para el ejercicio 2026 y asumirá el periodo 2027-2029, tras recibir un respaldo superior al 99,1% en ambos puntos del orden del día.
La Junta de Telefónica 2026 registró un quórum de constitución del 65,71% del capital social. En total, concurrieron 27.661 accionistas, de los cuales 5.057 estuvieron presentes y 22.604 fueron representados. El total de acciones que participaron en la votación ascendió a 3.726.001.130.
