El fondo soberano de Noruega es el mayor referente mundial en inversión responsable. Un comité ético independiente —formado por cinco personas— estudia qué empresas cotizadas no cumplen con los estándares medioambientales o de respeto a los derechos humanos, fijados por el Parlamento para que el fondo pueda invertir en ellas. En la lista actual de exclusiones hay 206 compañías. Entre ellas, la española Prosegur. La decisión del comité de recomendar la desinversión en 11 empresas israelíes y una de EE UU, por su papel en la invasión de Gaza, provocó una pequeña crisis diplomática en septiembre, con algunos senadores norteamericanos pidiendo la retirada de visados para los trabajadores del fondo en Nueva York.
Ola Mestad (70 años) siguió esa polémica desde la distancia. Pero con sumo interés. Durante años, le tocó presidir ese comité ético. El profesor jubilado aún mantiene su despacho como director del Instituto Nórdico de Derecho Marítimo, en la Universidad de Oslo. Los rayos de sol entran planos en la estancia, cuajada de libros, a primera hora de la tarde. Desde la ventana se atisba el parque donde está el Palacio Real, aún conmocionado por los vínculos con Jeffrey Epstein de Mette-Marit —la princesa heredera consorte—, y el juicio contra su hijo por violación.
Mestad —pelo cano, barba blanca, vaqueros y botas de invierno— formó parte del primer consejo ético que se creó, en 2004, para establecer recomendaciones de dónde no debería invertir el fondo. Estuvo allí 10 años, los tres últimos como presidente. Junto con una diplomática, un filósofo, un banquero de inversión… A los miembros los escoge el Ministerio de Economía, “pero tuvimos siempre plena libertad para emitir nuestras valoraciones y una oficina de apoyo que nos ayudaba a realizar el trabajo”, explica el jurista.
La crisis provocada por la decisión del fondo de vender empresas implicadas en el genocidio en Palestina no ha sido una más. Tras el revuelo generado, el Gobierno anunció que ponía en pausa la labor del comité, con la intención de revisar su forma de actuar. Para la gobernadora del banco central noruego, Ida Wolden Bache —que también preside el consejo del fondo soberano—, el problema es que cada vez “hay una mayor brecha entre las expectativas domésticas y las internacionales en relación a la estrategia de inversión responsable del fondo”.
Ola Mestad sabe bien el nivel de presión que pueden recibir los miembros del fondo. En 2006, el comité elaboró un informe recomendando desinvertir en la gran empresa de supermercados de Estados Unidos Walmart “porque habíamos detectado graves violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministros, ¡en tres continentes!“. El comité había visto noticias alertando de estos casos, había recibido denuncias de varias ONGs, había pedido explicaciones a la compañía, y nada. Hasta que el fondo anunció la decisión de desinvertir ”y los directivos se encontraron con la noticia en la portada del ‘Wall Street Journal», recuerda el jurista.
Entonces sí, llegaron las llamadas al embajador de Noruega en Estados Unidos, las peticiones de reunión con el Ministro de Economía —“quien, amablemente, les dijo que no era su cometido elaborar la lista de empresas excluidas, sino del comité de ética del fondo”, comenta socarrón Mestad—. En sus 10 años en el comité ha visto de todo. Amenazas con demandas millonarias y con represalias diplomáticas, quejas por considerar que había una discriminación expresa contra una compañía…
En la actualidad, el consejo de ética del fondo recomienda la exclusión de compañías que extraen carbón o que lo utilizan como fuente de energía, así como de las empresas muy contaminantes. También las que producen tabaco o cannabis, los fabricantes de armas nucleares o bombas de racimo, las involucradas en graves casos de corrupción o las que han colaborado en la vulneración de derechos humanos durante guerras, como le pasó a las 11 empresas israelíes o a Caterpillar.
Marianne Dhal (41 años) trabaja en el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo. Sentada en la cafetería de la Casa de la Literatura, se muestra indignada con algunas de las decisiones del fondo. “Como ciudadana noruega, no puedo aceptar que seamos dueños del 1,5% de todas las acciones del mundo, pero pretendamos que esas decisiones de inversión no son una forma de hacer política”, argumenta.
La investigadora ha centrado su trabajo en cómo influir en países autocráticos para fomentar procesos de transformación democrática. “Para mí, igual que para muchos otros noruegos, era incomprensible que nuestro fondo participara en empresas israelíes que estaban contribuyendo al genocidio del pueblo palestino”.
En el caso de Caterpillar, la vinculación con el ejército israelí era más que evidente. Ola Mestad subraya que “no se trataba simplemente de que les compraran unas excavadoras en el mercado, sino que era un contrato específico, para la fabricación de una maquinaria que solo se va a utilizar para con el fin de demoler viviendas”.
Ahora bien, las contradicciones del fondo a veces parecen irresolubles. Como el recibir recursos de los ingresos petroleros y luego evitar empresas contaminantes. O con la reciente decisión del Parlamento noruego de sacar de la lista de exclusión a 21 gigantes armamentísticos (Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Thales…), al entender que su labor es fundamental en la defensa de Ucrania. El fondo se ha convertido en una colosal fortuna para los noruegos. Pero también en una responsabilidad enorme, que intentan gestionar desde la transparencia y la democracia.
