El Gobierno ha aprobado este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado para calibrar la primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros que contiene rebajas fiscales a la energía y carburantes, ayudas directas a sectores y hogares y varias palancas de protección social. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado el plan a primera hora de la tarde tras una convulsa reunión entre el PSOE y Sumar que se ha saldado ―tras un plantón del socio minoritario que luego se ha reconducido― con la puesta en marcha de dos decretos. Uno general, que engloba al grueso de medidas, y otro secundario, centrado exclusivamente en vivienda.
El plan entrará en vigor este sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y estará vigente “durante el tiempo que sea necesario”, ha precisado Sánchez, abriendo la puerta a cambios de más calado si la situación lo requiere. “Nadie sabe cómo va a evolucionar esta guerra, pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de su duración”, ha dicho el presidente.
Los 5.000 millones movilizados se explican por las ayudas directas y por la pérdida de ingresos públicos debido a las rebajas fiscales, que afectan a productos como los combustibles o la luz. En el ámbito de los carburantes, el Gobierno ha aprobado la bajada del IVA al 10% del gasóleo y gasolina, además de la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea”. Todo ello, según Sánchez, supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro, unos 20 euros de ahorro a la hora de llenar el depósito de un coche medio. El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha provocado que, en apenas tres semanas, la gasolina se haya colocado en 1,709 euros por litro en los surtidores españoles, mientras que el diésel se paga ya a 1,837 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves, con datos medios de los precios del lunes.
En la electricidad, el Ejecutivo ha diseñado una bajada de impuestos “del 60%” gracias a la reducción del IVA de la luz y el gas al 10%, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y la reducción del 5% al 0,5% del impuesto especial sobre electricidad. También habrá una disminución del impuesto al consumo para el gas natural, los pellets y la leña.
El impuesto sobre la electricidad es un tributo que grava el consumo de energía eléctrica a un tipo del 5%. Se aplica tanto al suministro como a la electricidad consumida por los propios productores. Es un impuesto de carácter indirecto que se incluye en el precio y lo paga el consumidor final a través de la factura de la luz, aunque quien lo ingresa en Hacienda son las compañías eléctricas. Por su parte, el que afecta al valor de la producción de la energía eléctrica grava la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico. Lo pagan los productores de energía (no los consumidores) y se calcula sobre el importe total que obtienen por generar esa electricidad, aplicando un tipo impositivo del 7%. Las rebajas, parecidas a las que se llevaron a cabo durante la pasada crisis energética, deberían abaratar el coste final que asumen hogares y empresas.
Fuera del ámbito fiscal, el paquete incluye una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a profesionales del sector del transporte, además de ganaderos, pescadores y agricultores. También habrá una ayuda equivalente a la compra de fertilizantes “para que todos esos sectores puedan capear la crisis y así contener los precios de la cesta de la compra”, ha añadido Sánchez. A su vez, se congelará el precio máximo de venta de butano y propano y se extenderán durante todo el año los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables. “Este Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a pymes, sector primario e industria española”, ha asegurado el presidente.
El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas en el marco de esta crisis. También se articula un control de los márgenes empresariales a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ―aunque se desconocen los detalles y su alcance real― y la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Con la propuesta, el Ejecutivo busca abaratar el precio de la gasolina, el diésel y los consumos domésticos en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos, así como proteger la industria, el sector primario, el tejido productivo y el empleo.
La comparencia de Pedro Sánchez, en directo
Escudo social
Fuera del ámbito de la fiscalidad y la energía, el texto incluye una medida por la que había presionado con fuerza Sumar. Se trata de prohibir a las empresas —en principio, solo las que hayan recibido algún tipo de ayuda pública— despedir a trabajadores en esta situación de crisis. Es algo similar a lo que ya se aprobó tras la invasión rusa de Ucrania. Sumar ha exigido hasta el medio día de este viernes otras dos medidas que no figuraban en el decreto inicial: un tope a los alquileres y controlar los márgenes empresariales de las empresas. El malestar de los ministros de la formación por la ausencia de esas iniciativas ha retrasado, de hecho, el inicio del Consejo de Ministros.
Otra medida del ámbito laboral ya acordada consiste en adelantar los llamados planes de movilidad sostenible. Se trata de un marco para que las empresas impulsen un transporte colectivo para sus trabajadores con el fin de reducir la factura en combustible. La norma debía entrar en vigor el año próximo, pero se adelantará a este año.
El plan del Ejecutivo, que se completa con otras medidas de carácter tributario como la prórroga de los incentivos fiscales a la rehabilitación, a las placas solares o a la compra del coche eléctrico, se articula mediante dos decretos. El principal está conformado por el grueso de medidas diseñadas para enfrentar los efectos de la guerra e incorpora, entre otras, la pata fiscal, la laboral y la que atañe al control de márgenes. También se incluyen cambios estructurales que afectan al sector energético. El Gobierno espera obtener la luz verde en el Congreso de los Diputados y, de hecho, Sánchez ha agradecido a los grupos políticos su predisposición a dialogar. El segundo decreto es el que afecta a las medidas de vivienda, donde se incluye una prórroga a los contratos de alquiler a punto de vencer, una de las medidas que exigía Sumar.
Vivienda
La vivienda ha sido el gran caballo de batalla de la negociación. Tras varios días de tiras y aflojas, los dos socios de coalición han llegado a la reunión sin un acuerdo cerrado y la negociación se ha retrasado más de lo habitual. Sumar, de hecho, se ha plantado y ha logrado arrancar una prórroga extraordinaria y automática durante dos años de los contratos de alquiler que iban a vencer en 2026 y 2027. Esta medida, sin embargo, irá en un decreto propio cuya convalidación no está asegurada, dados los recelos de partidos como Junts.
Con el conjunto de decisiones, el Ejecutivo pretende contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto internacional y frenar una posible subida de la inflación, protegiendo tanto a los hogares como a las empresas en un contexto de creciente incertidumbre. “Cuando el plan que hemos aprobado entre en vigor en el BOE, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a una guerra ilegal que no avalamos”, ha recordado el presidente.
