El fondo soberano de Noruega y los fondos de pensiones de California (Calpers y Calstrs) votarán contra el informe de remuneraciones de Telefónica en la junta del próximo 26 de marzo. Esta oposición frontal, respaldada por los grandes asesores de voto ISS y Glass Lewis, responde al rechazo de los inversores internacionales a los 78,4 millones de euros abonados conjuntamente al expresidente José María Álvarez-Pallete y al exconsejero delegado Ángel Vilá tras su salida en enero de 2025. Los fondos consideran estas indemnizaciones y planes de pensiones desproporcionados y contrarios a las prácticas de buen gobierno corporativo actuales.
Norges Investment Management (NBIM), que posee una participación del 1,5% en el capital de Telefónica, ha fundamentado su rechazo en una visión estructural de la gobernanza. El fondo escandinavo defiende que una proporción sustancial de la remuneración de los altos ejecutivos debería otorgarse mediante acciones bloqueadas por un periodo de entre cinco y diez años, independientemente de si el directivo dimite o se retira. Para el fondo soberano noruego, el consejo de administración debe garantizar una transparencia total en el modelo de remuneración para evitar lo que denominan “desenlaces inaceptables”, sugiriendo que las cifras actuales no guardan una relación equilibrada con la creación de valor a largo plazo para el accionista.
Aunque el punto del orden del día sobre estas remuneraciones tiene carácter consultivo y no cuenta con capacidad legal para suspender los pagos ya realizados, un rechazo significativo supondría un golpe reputacional para el consejo.
Por su parte, los fondos de pensiones californianos Calpers y Calstrs han ido un paso más allá en su hostilidad, anunciando que votarán en contra de la reelección como consejera de María Luisa García Blanco. La culpan directamente por su papel en la comisión de nombramientos y retribuciones que dio luz verde a las indemnizaciones cuestionadas.
El resultado de la votación dependerá en última instancia del comportamiento de los núcleos duros de la operadora: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta el 10% del capital; CriteriaCaixa (9,99%), Saudi Telecom (9,96%) y BBVA (5%). Estos cuatro socios aglutinan cerca del 35% de las acciones. El año pasado, la SEPI optó por la abstención en el punto de las remuneraciones, una postura que, de repetirse, dejaría el campo libre para que el voto negativo de los fondos internacionales cobre un protagonismo inaudito en la junta.
El activismo de Norges Bank no es un fenómeno aislado de Telefónica; el fondo ya ha anunciado movimientos similares en Naturgy, donde se opondrá a la ratificación de varios consejeros para exigir una mayor presencia de vocales independientes, confirmando que el gigante noruego ha decidido ejercer una vigilancia mucho más estrecha sobre las grandes cotizadas españolas.
Álvarez-Pallete percibió una liquidación total de 44,5 millones de euros. De esta cifra, 23,5 millones corresponden exclusivamente a una indemnización por cese equivalente a cuatro anualidades de sueldo, a los que se suman 13,1 millones de su plan de previsión social y otros conceptos vinculados a la retribución a largo plazo. Por su parte, Ángel Vilá recibió 33,9 millones de euros, desglosados en 17,7 millones por rescisión de contrato y 9,7 millones en derechos de jubilación.
Este volumen de pagos ha sido calificado como desproporcionado por los principales servicios de asesoría de voto (proxy advisors) del mundo, Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis. La coincidencia de ambos asesores en recomendar el voto negativo es un hecho significativo, dado que Glass Lewis suele mostrar una tendencia más conservadora o alineada con los consejos de administración que ISS. En esta ocasión, la contundencia de las cifras ha provocado un consenso técnico inusual: las indemnizaciones de cuatro años de sueldo se consideran totalmente alejadas de los estándares actuales de buen gobierno corporativo, que suelen limitar estos pagos a un máximo de dos anualidades.
La presión de los inversores no se limita solo al pasado, sino que también alcanza al actual presidente ejecutivo, Marc Murtra. Los informes de Glass Lewis y ISS cuestionan el sueldo fijo anual de Murtra, situado en 1,9 millones de euros. El argumento de los fondos es que este nivel de pago fijo es excesivo, especialmente cuando no está vinculado de manera directa a la trayectoria bursátil de la empresa. En este sentido, los asesores recuerdan que la cotización de Telefónica ha experimentado un descenso del 16% en los últimos doce meses, lastrada en gran medida por el recorte en la política de dividendos. Para los inversores institucionales, existe una desconexión preocupante entre el rendimiento de la acción y las recompensas económicas de la alta dirección.
Telefónica, por su parte, ha intentado calmar las aguas argumentando que los pagos a Álvarez-Pallete y Vilá responden a compromisos contractuales antiguos que la compañía estaba obligada legalmente a cumplir. Según la operadora, sus servicios jurídicos ratificaron que los directivos tenían derecho consolidado a esas indemnizaciones y planes de pensiones según los contratos previos a la reforma de políticas de 2023. Sin embargo, consciente del malestar generado, la compañía someterá también a votación en esta junta una nueva política de remuneraciones mucho más restrictiva que entrará en vigor de forma plena en 2027.
Este nuevo esquema establece una incompatibilidad estricta: los directivos no podrán cobrar simultáneamente una indemnización por cese y los derechos económicos del Plan de Previsión Social. Además, la indemnización por salida se reducirá a un máximo de dos anualidades, alineándose con las exigencias de los fondos internacionales. En el plano salarial, aunque el sueldo fijo de Murtra se mantendrá en niveles similares a los de su antecesor, la estrategia de la compañía se volcará en la retribución variable, permitiendo que el presidente pueda alcanzar hasta un 240% de su salario fijo si se cumplen objetivos de máximos a largo plazo.
Curiosamente, tanto Norges Bank como Glass Lewis han expresado su respaldo a este plan proyectado para el periodo 2026-2029, lo que indica que su protesta se dirige específicamente al fin de fiesta económico del equipo anterior y no tanto al diseño futuro de la empresa.
