CEOE y Cepyme redoblan su oposición a los planteamientos del Gobierno: las asociaciones patronales han anunciado este martes que no acudirán a la reunión convocada este jueves por el Ministerio de Trabajo para tratar el proyecto de “democratización de las empresas”, en palabras del Ejecutivo, con el que Yolanda Díaz busca regular la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las compañías. Con esta postura los empresarios elevan el tono contra el Gobierno: ya no es solo que no pacten, como con el salario mínimo y otras reformas recientes, o que abandonen la negociación una vez empezada, como con la indemnización por despido. Esta vez ni siquiera acudirán a la primera reunión.
“Ante la convocatoria de la mesa sobre la democratización de las empresas para el próximo 12 de marzo, y una vez reunido el Comité Ejecutivo con carácter extraordinario este lunes, CEOE y Cepyme consideramos que la propuesta del Ministerio de Trabajo supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada”, plantean las asociaciones patronales en un comunicado conjunto.
Trabajo presentó el 2 de febrero el informe que había encargado a un equipo de expertos para abordar esta reforma, la base para una futura reforma legislativa con escasísimas opciones de prosperar en el Congreso. El texto propone al Gobierno que apruebe, entre otras cosas, un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Pero su propuesta va más allá en el grado de participación y reclama al Ejecutivo que establezca un plan para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones (en empresas a partir de 25 trabajadores).
Las patronales comentan que “en un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas”. “Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país”, lamentan las asociaciones que dirigen Antonio Garamendi y Ángela de Miguel.
Las patronales consideran que “plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva, que precisamente es unos de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española”.
También interpretan que el planteamiento de Trabajo atenta contra el artículo 38 de la Constitución, “que preserva los principios de la libertad de empresa”, y subrayan que “el Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, cuestión que también se orilla de forma grave”.
“Por todas estas cuestiones”, finalizan las patronales, “el Comité Ejecutivo ha decidido no estar presente en la mesa de negociación abierta sobre la democratización de la empresa y seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales”.
