El Ministerio de Trabajo prepara un real decreto que recogerá nuevas condiciones mínimas de seguridad y salud, más exigentes, para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. El movimiento se produce después de una llamada de atención de Bruselas por retrasos en la aplicación de la directiva europea sobre este material peligroso. Al tiempo, el fondo para la compensación de víctimas del amianto comenzó el pasado mes de diciembre a reconocer y abonar las indemnizaciones a los afectados, pero lo hizo con cuatro años de retraso. Las asociaciones de víctimas y los sindicatos CC OO y UGT que las respaldan denuncian, además, que el proceso de concesión de las compensaciones está siendo muy lento y farragoso y las cuantías reconocidas muy bajas, por lo que reclaman mejoras en este fondo. La Seguridad Social, de quien depende el fondo, responde que cualquier mejora dependería de la existencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, que de momento no están en el horizonte.
En este escenario, el texto redactado por Trabajo refuerza la protección laboral contra ese metal, extremando las precauciones de cómo medir la presencia de este material cancerígeno; prioriza su retirada segura; y exige identificar el amianto en edificios construidos antes de 2002. Además, amplía el catálogo de patologías reconocidas como causadas por la exposición a este material, incluyendo como novedad, por ejemplo, el cáncer de ovarios.
Estas nuevas condiciones responden a la obligación del Gobierno de trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, que debía de haber estado en vigor desde el pasado mes de diciembre. Al no tener lista entonces la nueva normativa, Trabajo ha recibido de Bruselas una carta de emplazamiento en la que las autoridades comunitarias dan a España un plazo de dos meses para solventar el incumplimiento.
Si la aprobación de esta norma no se produjera a tiempo, Bruselas podrá dar un nuevo plazo de diálogo de entre uno y dos meses —siempre y cuando España envíe un dictamen motivado de la situación—, antes de sopesar si elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En Trabajo creen que esto no será necesario debido a que el real decreto se aprobará próximamente, en una fecha aún por determinar.
Según la nueva normativa que propone el Ministerio de Trabajo, se aplicará una drástica reducción de los valores límites de exposición al amianto de los trabajadores. Así, la evaluación de dichos valores ya no se podrá hacer con microscopía óptica, como hasta ahora, sino con microscopía electrónica, que permite la detección de fibras de amianto mucho más finas.
En general, se dará prioridad a la “retirada ordenada y segura” del amianto en los edificios u otros materiales que lo contengan frente a otras manipulaciones como su encapsulamiento. Para los trabajadores, la norma, de aprobarse tal y como está redactada, garantizará 10 minutos para el aseo personal antes de cada comida y otros 10 antes de abandonar el trabajo. Y se reforzará el registro y seguimiento de los afectados por parte de la sanidad pública, además de ampliar las patologías que se reconocerán oficialmente como causadas por el amianto.
El viacrucis del fondo para los enfermos
Pero esta mayor vigilancia por ley de la salud de los trabajadores con riesgo de exponerse al amiento solo les protegerá a partir de ahora. Los miles de ellos que ya han enfermado por la exposición a este material cancerígeno solo pueden optar a recibir una indemnización del fondo de ayudas creado para los afectados.
En los últimos 20 años se han reconocido en España varios miles de muertes de trabajadores afectados por enfermedades derivadas de la exposición al amianto reconocidas oficialmente (mesotelioma, cáncer de pulmón o asbestosis principalmente). Pero existe un fuerte vacío estadístico que cuantifique el problema y los sindicatos alertan de que la dificultad en el reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas al amianto infravalora la cuantía de afectados.
Los datos disponibles de Eurostat indican que España era en 2021 el cuarto país de la UE con más casos de fallecimientos por la exposición al amianto en el puesto de trabajo, con 212 casos de un total de 2.380 en el conjunto de la Unión. Por delante de España, solo se situaban Italia, con 518 casos; Alemania, con 400; y Francia, con 329. Según las cifras acumuladas, desde el año 2011 España ha registrado 2.487 muertes de trabajadores atribuidas al amianto, de un total de 32.829 de toda la UE.
Las últimas actualizaciones del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto, nutrido por las comunidades autónomas, han registrado que unas 2.700 empresas han realizado o realizan actividad laboral con amianto desde 2004 y que alrededor de 70.000 trabajadores han estado o están expuestos a estas fibras, según los datos que manejan los sindicatos. Los expertos calculan que ya habrían muerto aproximadamente el 60% de los expuestos desde la década de los setenta.
Sin embargo, el portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto, Jon García, asegura que el fondo de indemnizaciones para afectados está dando “muy pocas indemnizaciones y extremadamente bajas”. De los 25 millones anuales con los que está dotado este fondo, apenas se van a gastar tres millones, augura García. Esto además, teniendo en cuenta que los cien millones presupuestados en los últimos cuatro ejercicios ya no se han utilizado.
La Seguridad Social asegura que ya se han otorgado una cuarentena de indemnizaciones y considera que las solicitudes se están tramitando de la forma más ágil posible. Sin embargo, las asociaciones consideran que esta cantidad de compensaciones ya aprobadas son muy pocas si se tiene en cuenta que ya hay más de 700 personas que tienen reconocida una incapacidad por patologías causadas por el amianto. La clave que está dificultando la obtención de estas indemnizaciones son, según los afectados, el itinerario de requisitos para conseguirlas
Así, para recibir una de estas indemnizaciones es necesario ser perceptor de una pensión de incapacidad permanente derivada de contingencias profesionales causadas por alguna de las patologías derivadas de la exposición al amianto. Pero, además, según el reglamento que desarrolla el fondo y que entró en vigor el pasado 18 de septiembre, casi tres años después de lo previsto, los solicitantes deben contar con un certificado de patologías provocadas por este motivo. Y el problema llega porque estos certificados los emiten unas unidades administrativas específicas que están teniendo que crear las comunidades autónomas a tal efecto. De hecho, actualmente, la inmensa mayoría de las ayudas han sido tramitadas por el País Vasco, ya que aún no funcionan todas las unidades autonómicas, según los afectados.
Junto a esto, García exige, en nombre de las asociaciones de víctimas, otras dos grandes reclamaciones. La primera, que el reglamento del fondo amplíe, en cumplimiento de la ley que lo creó, los colectivos susceptibles de recibir las indemnizaciones a, entre otros, los herederos de las víctimas ya fallecidas o a personas que enfermaron por convivir con trabajadores afectados. Asimismo la asociación reclama un incremento de las indemnizaciones del fondo —32.200 y 96.600 euros dependiendo de la gravedad de la enfermedad—, ya que los tribunales suelen reconocer compensaciones que triplican estas cuantías. Y finalmente, exige que las indemnizaciones estén exentas de tributación, igual que lo están otras como las de las víctimas del terrorismo o de las víctimas del terrorismo, que ascienden hasta medio millón de euros; las victimas de sida por transfusiones de sangre (126.000 euros) o las de la talidomida (396.000).
Sin embargo, la Seguridad Social insiste en que tiene las manos atadas para modificar los colectivos de beneficiarios u otras cuestiones que impliquen mayor gasto, ya que la propia ley que regula el fondo para víctimas establece que una mayor cobertura está supeditada a la existencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, algo que, de momento, no existe.
