El impacto de la guerra en Oriente Próximo amenaza con agravar la situación de los hogares españoles y volver a convertir su bolsillo, ya debilitado, en víctima colateral del conflicto. La ecuación es sencilla: los precios están un 18% por encima de los niveles de 2021, cuando se desató la primera gran ola inflacionaria, pero los salarios no se han revalorizado con la misma intensidad. En otras palabras, los consumidores se enfrentan a un nuevo mazazo sin haber recuperado del todo el poder adquisitivo perdido.
De hecho, se acumulan los indicadores que apuntan a un nuevo shock inflacionario, a la espera de si será posible una salida relativamente rápida del conflicto. Esto en la mejor de las hipótesis, pues las peores apuntan a una crisis energética y de suministro que frene el crecimiento. Mientras la contienda evoluciona y se aclara el alcance del golpe, en los 10 días que han transcurrido desde el ataque conjunto de EE UU e Israel contra Irán, el petróleo brent ha roto la barrera de los 100 dólares por barril; la gasolina ha registrado su mayor alza en ocho meses; el gas (el índice holandés TTF, referencia europea) ha pasado de los 30 euros el megavatio-hora (MWh) a superar los 50, y la electricidad en el mercado mayorista ha escalado desde una media de 16,4 euros el MWh enero a unos 67 euros en lo que va de febrero, situándose por encima de los 100 euros en los dos últimos días. Unos repuntes que pesan aún más si se observan en retrospectiva.
Es cierto que la inflación en España ha aflojado y navega cerca del objetivo del 2%, pero los hogares están más sensibles a las subidas. El pasado enero se situó en el 2,4%, a años luz de las marcas de 2021 y 2022, cuando los precios se desbocaron primero por el desajuste entre demanda y oferta al salir de los confinamientos y después por la invasión rusa de Ucrania, que dio pie a una crisis energética y de suministro que empujó la inflación hasta cotas de doble dígito. Sin embargo, esta moderación en el crecimiento de los precios no ha sido suficiente para compensar el mordisco de los años pasados, como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El índice de precios al consumo (IPC) del pasado enero, antes del ataque a Irán, superaba en 18,4 puntos el indicador del mismo mes de 2021. En el caso de la inflación subyacente, aquella que no considera los artículos más volátiles como alimentos frescos y energía —siendo por ello un indicador más fidedigno de la tendencia estructural de los precios—, el incremento es similar, del 16,7%.
La otra cara de la moneda son los salarios, que pese a subir más que el IPC en los últimos años, se han quedado rezagados frente al incremento acumulado de precios —las pensiones sí se han actualizado al mismo nivel—. Entre enero de 2021 y enero 2024, las nóminas crecieron un 12,3%, de acuerdo con los últimos datos disponibles de un año completo de la estadística de costes laborales del INE. Aunque a ese porcentaje se le sume el 3,5% que aumentaron los sueldos en convenio el año pasado, los incrementos retributivos se quedan cortos. Las subidas pactadas que han entrado en vigor en enero (2,9%), las más bajas de los dos últimos años, tampoco compensarían un nuevo repunte abrupto de los precios.
El encarecimiento de algunos artículos esenciales, además, ha sido superior al IPC general. La evolución del precio de los alimentos es particularmente llamativa: se han encarecido un 26,8% entre 2021 y 2026, con repuntes cercanos al 30% en el caso de productos básicos como la leche, las harinas, la carne, la pasta, el aceite de oliva, las legumbres o las patatas, consumidos en mayor proporción por los hogares con rentas más bajas. Un caso aparte es el de los huevos, con un alza acumulada del 55%, en la que se ha añadido el impacto de la gripe aviar. Otros bienes con incrementos marcados y relevancia en el día a día son los productos energéticos (20,5%), los carburantes (17,4%), la recogida de basura (32,3%) o la hostelería (20,6%).
A todo ello hay que sumar otro gasto mayúsculo para las familias: la vivienda. El IPC que construye el INE no tiene en cuenta los precios de las compraventas inmobiliarias, que han subido como la espuma y se han convertido en un lastre: tan solo en 2025 se incrementaron un 9,6%, alcanzando un nuevo récord. Tampoco refleja en su conjunto la evolución de los alquileres, por solo tener en cuenta las renovaciones de los contratos, sin incluir los nuevos pisos que entran al mercado por primera vez. Un reciente informe del sindicato CGT concluye que la carga para los inquilinos habría subido un 30% entre 2019 y 2025, frente a cerca del 10% que recoge el organismo estadístico y el 25% del índice general.
En un análisis publicado la semana pasada, el centro de estudios Funcas proyectaba un escenario menos disruptivo que el abierto por la guerra en Ucrania: si la contienda durara tres meses más, empujaría la inflación hasta el 3% de aquí al verano y restaría dos décimas al crecimiento de la economía española. No obstante, la incertidumbre es elevada y no se puede excluir un impacto “significativamente más negativo” si el conflicto se alargara y se recrudeciera, alerta la institución por la relevancia estratégica de la zona afectada.
La guerra golpea de lleno a los grandes productores de crudo del Golfo Pérsico y a una arteria neurálgica para el comercio mundial de hidrocarburos: el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y ahora bloqueado. Por allí pasan una quinta parte del petróleo y del gas licuado que se vende a escala global, así como muchos fertilizantes clave en la producción de alimentos. Por ahora, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno español prepara ayudas porque el conflicto ya “está afectando a los bolsillos de los españoles”, sin entrar en detalles ante la enorme incertidumbre que rodea el escenario.
