El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien permanece detenido en la cárcel de Latacunga por el caso Goleada, enfrenta una nueva polémica tras revelarse que su título de bachiller, obtenido en 2005 en el Colegio Julio Ayón, no tiene respaldo en las actas físicas oficiales.
Según la ministra de Educación, Gilda Alcívar, una revisión del sistema informático del Ministerio detectó inconsistencias en los registros correspondientes a ese año. De los 394 estudiantes que constaban como graduados en 2005, únicamente 32 cuentan con documentación física que respalda su título.
La autoridad explicó que, tras “cotejar el sistema digital con las actas originales, se verificó que solo esos 32 nombres coinciden con registros legítimos”. Los 362 restantes, entre ellos el de Álvarez, no tienen sustento documental.
Como consecuencia, el Ministerio de Educación procedió a inactivar esos títulos en el sistema oficial.
Al consultar la cédula del alcalde en la plataforma institucional, aparece el mensaje: “no existe registro de título”.
La ministra señaló que, al no haberse obtenido por el canal institucional previsto, estos títulos se consideran ilegítimos.
Además, advirtió que la situación podría afectar estudios posteriores que hayan tenido como requisito el título de bachiller.
Otra polémica por el acta de nacimiento
Esta nueva controversia se suma a una polémica anterior sobre su acta de nacimiento. Días atrás, la Dirección General del Registro Civil informó que el registro de Aquiles Alvarez tiene dos marginaciones, realizadas en 2016 y 2019, pero solo una cuenta actualmente con respaldo jurídico válido.
En 2016, Álvarez gestionó un trámite judicial para cambiar su año de nacimiento de 1985 a 1984. La supuesta sentencia que autorizó la modificación presenta inconsistencias: el juez que la suscribe había renunciado años antes y el número de proceso no existe en el sistema judicial, según certificó el Consejo de la Judicatura. Por ello, el Registro Civil concluyó que esa marginación carece de sustento verificable.
Posteriormente, en 2019, el alcalde presentó una acción de habeas data que dejó sin efecto cambios previos y ordenó corregir datos en el registro. La entidad señaló que esta es la única resolución válida y vigente, y que la información actual goza de presunción de legalidad.
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