Los hogares españoles están pagando más que nunca por los servicios municipales de recogida de basuras. En el conjunto de 2025, su coste se disparó de media un 17,4% respecto al ejercicio previo, el mayor incremento anual registrado hasta ahora, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC). La subida no es casual, ya que coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema de tasas que, desde el pasado septiembre, obliga a los contribuyentes a cubrir el coste real de la retirada y posterior gestión de los residuos, lo que ha supuesto un fuerte ajuste al alza en la gran mayoría de los municipios del país.
El encarecimiento de esta categoría contrasta con una evolución mucho más moderada de los precios en el conjunto de la economía. El IPC general aumentó un 2,7% en 2025, prolongando la senda de moderación iniciada en 2023, tras lo peor de la crisis energética e inflacionista. Esto significa que el coste de la recogida de basuras creció a un ritmo más de seis veces superior al de la inflación media, situándose entre las subidas más intensas de todos los bienes y servicios incluidos en el desglose anual que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La gestión de residuos fue, de hecho, la quinta subclase que más se encareció en 2025 dentro de toda la estructura del IPC, que analiza casi 200 categorías diferentes. Solo registraron incrementos mayores el chocolate, el cacao y sus derivados (18,1%), el café y sus sucedáneos (17,9%), la joyería y relojes de pulsera (17,7%) y los huevos (17,5%). Este comportamiento sitúa al servicio municipal de recogida de residuos al nivel de algunos de los productos más afectados por las recientes tensiones de costes.
Otra forma de aproximarse al fenómeno es observar el índice con base 100 que elabora el INE para facilitar la comparación entre periodos. El valor 100 corresponde al nivel de precios del año de referencia, en este caso 2025. Teniendo en cuenta que durante la última década el índice correspondiente a las basuras se ha movido entre los 80 y los 85 puntos, el encarecimiento acumulado hasta el nivel actual resulta evidente y refleja el fuerte salto registrado en el último ejercicio.
La magnitud de la subida responde a un cambio sustancial en la forma en que se financia este servicio público en España. Durante años, lo habitual era que los municipios cubrieran parte o la totalidad de los costes con cargo a sus presupuestos generales, lo que permitía mantener tasas específicas más reducidas o, en algunos casos, inexistentes. Sin embargo, el nuevo marco normativo aprobado por el Gobierno establece que la gestión de los residuos debe financiarse íntegramente mediante tasas específicas, lo que obliga a los ayuntamientos —que son los que tienen las competencias— a trasladar directamente a los usuarios el coste completo del servicio. Este cambio, aprobado por la mayoría de consistorios ya entrada la segunda mitad del año, se reflejó en el IPC con alzas interanuales superiores al 30% en los últimos meses de 2025.
La recogida de basuras tiene además un peso creciente dentro del IPC, lo que refleja su importancia en el presupuesto de los hogares. En 2025, su ponderación se situó en 3,072 puntos por cada 1.000 del total del índice (es decir, es responsable del 0,3% del IPC general), y ha aumentado hasta 3,433 por 1.000 en 2026. Estas ponderaciones se calculan en función del gasto que los hogares destinan a cada bien o servicio. Es decir, cuanto mayor es el desembolso total en un concepto, mayor es su influencia en el índice, lo que indica que los contribuyentes están destinando una proporción cada vez mayor de sus recursos a este servicio.
Un diseño dudoso
El nuevo esquema ha provocado aumentos especialmente intensos en aquellos municipios que no gravaban, total o parcialmente, el coste de la recogida y tratamiento de los residuos. Como resultado, los hogares han empezado a percibir de forma directa un gasto que antes estaba diluido en otros impuestos municipales. La Fundación catalana ENT, una de las pocas entidades privadas que ofrece datos sobre esta materia en España, ha estimado el importe de la tasa en las capitales de provincia, con diferencias que alcanzan los 230 euros anuales. Mientras que la cuota para un hogar tipo se sitúa en 287,5 euros en Valencia, en Toledo cae a 56,9 euros, una brecha que ilustra la disparidad generada por el nuevo gravamen.
El principal problema es que el Ejecutivo delegó en las entidades locales, sin apenas directrices, la puesta en marcha de la tasa. El único requisito era que el gravamen no fuera deficitario, es decir, que cubriera el 100% del coste del servicio. Con ese margen, cada consistorio diseñó el tributo con criterios propios. Mientras que algunos trataron de ajustarlo al máximo al coste real, otros aprobaron tasas muy cuestionadas y poco afinadas técnicamente, lo que abre la puerta a una oleada de reclamaciones y potenciales devoluciones.
Uno de los casos más paradigmáticos es el de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento puso en marcha una tasa que, para 2025, fijaba el importe a pagar en función del valor catastral de la vivienda y del nivel de reciclaje del distrito en el que se encuentra. Este criterio, que para muchos expertos no refleja con precisión la cantidad de residuos generados por cada hogar, ha sido recurrido por más de 130.000 madrileños, así como por la Asociación Española de Asesores Fiscales y el grupo municipal Más Madrid, entre otros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene previsto pronunciarse próximamente sobre su legalidad.
