Con seis votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La mesa legislativa sesionó la tarde de este martes, 17 de febrero de 2026, para conocer y debatir el documento que pasará a conocimiento del pleno del Parlamento.
La propuesta enviada por el Ejecutivo plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.
El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % para gasto corriente.
En el debate, la presidenta de la mesa parlamentaria Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN), recalcó que la intención de esta propuesta es lograr la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos por parte de municipios y prefecturas, y recordó que tras el primer debate, realizado el pasado 14 de febrero, se excluyó a las juntas parroquiales, aceptando el pedido del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopre).
Además, la legisladora aclaró que la iniciativa no reduce los presupuestos asignados a municipios y prefecturas y respeta la regla de asignación mínima establecida en la Constitución.
“Se determinan procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de manera trimestral bajo la regla del 70/30: el 70 % del presupuesto debe destinarse a inversión, es decir, obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad; mientras que el 30 % restante se destina al gasto corriente, que comprende principalmente el pago de sueldos, salarios y burocracia”, dijo Centeno.
Por su parte, Diego Salas, legislador de la Revolución Ciudadana (RC), observó que las reformas al Cootad se convierten en un ‘castigo’ que termina pagando el ciudadano, ya que, sustentó, “el proyecto obliga a los Gobiernos autónomos descentralizados a destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a gastos no permanentes”.
En este sentido, Salas alertó de que, “si un GAD no alcanza ese porcentaje, el propio articulado activa la sanción más peligrosa; es decir, que la transferencia no excederá los límites del artículo 271 de la Constitución y el ministerio rector informará a la Contraloría, además de exigir reportes y publicaciones trimestrales”.
“En la práctica esto significa una caja impredecible y decisiones apresuradas solo para cuadrar un número. Cuando se recorta o se congela la transferencia, no se recorta un papel; se recorta el turno del recolector de basura, el contrato de bacheo, el mantenimiento de la vía que saca la cosecha, el arreglo de una bomba de agua o el combustible de la maquinaria que abre paso en invierno”, advirtió el correísta.
El asambleísta informó que la bancada de la Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría que recomienda el archivo de este proyecto de ley y solicitó que el documento sea remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
Su coidearia Mabel Méndez también criticó el contenido de este proyecto urgente y llamó la atención por la falta de comparecencias de autoridades locales y otros representantes de los GAD solicitadas por la RC. La legisladora sostuvo que esta normativa tendría vicios de inconstitucionalidad.
En el debate también participaron otros asambleístas, como David Arias, expulsado de la RC; Sergio Peña, excorreísta ahora aliado de ADN; Alejandro Lara (ADN) y Álex Moran (ADN), quien presentó la moción para la aprobación de este informe.
A favor del documento que pasará a segundo debate en el pleno del Parlamento votaron los legisladores Valentina Centeno, Evelyn Pico, Alejandro Lara, Wilson Lozano, Álex Morán y Sergio Peña; en contra lo hicieron Diego Salas y Mabel Méndez; mientras que David Arias votó en abstención.
Luego de la aprobación de este texto, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, por orden de Niels Olsen, deberá distribuirlo a los 151 legisladores.
Según el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, concluido el plazo de 48 horas, contado desde la distribución de los informes, el titular del Parlamento lo incluirá en el orden del día del pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley urgente.
La ley establece que el segundo debate se desarrollará, con convocatoria previa del presidente de la Asamblea Nacional, en una sola sesión. En el caso de negarse el informe de mayoría, precisa la norma, el pleno, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá decidir la votación del o los informes de minoría. (I)
