En medio de reclamos del correísmo por la falta de comparecencias de organizaciones ambientalistas y las aclaraciones del oficialismo sobre las licencias mineras, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
La mesa parlamentaria sesionó la noche de este jueves, 12 de febrero de 2026, para resolver sobre el documento que pasará a primer debate en el pleno de la legislatura.
El texto fue aprobado con seis votos de los legisladores de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) Carlos Dávila, Diego Franco, Alejandro Lara, Álex Morán, Steven Ordóñez y Sergio Peña, aliado del oficialismo. Mientras que Diego Salas y Mabel Méndez de la Revolución Ciudadana (RC), y David Arias, expulsado de la RC, votaron en contra.
La iniciativa económica urgente busca “fortalecer el desempeño operativo de estos sectores mediante una regulación eficiente que permita la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado”.
En el debate, Salas (RC) cuestionó que este proyecto contiene ‘atajos normativos’ que amenazan con dejar al país sumido en conflictos sociales, demandas internacionales y un alarmante vacío de control estatal.
En materia de minería, dijo, se pretende sustituir la licencia ambiental por una simple autorización administrativa.
“Esta ambigüedad abre la puerta a la discrecionalidad, debilita la evaluación técnica y pone en riesgo directo nuestras fuentes hídricas. Peor aún, la propuesta intenta silenciar la consulta ambiental, que es un derecho constitucional irrenunciable de nuestras comunidades”, sostuvo.
En tanto que sobre el sector eléctrico, Salas observó que se amplían las delegaciones a empresas privadas hasta por 30 años, sin blindajes tarifarios ni transparencia contractual.
Su coidearia, Verónica Iñiguez (RC) también observó que la licencia ambiental queda de facto eliminada con este proyecto de ley, ya que, sustentó, “la propuesta conjuga la exploración inicial, la exploración avanzada y el estudio de prefactibilidad económica en un solo proceso”.
“Se trata de tres fases que responden a permisos distintos y que hoy pretenden reducirse a una simple autorización ambiental”.
A la vez, Iñiguez criticó que en la Comisión de Desarrollo no se permitió la comparecencia de organizaciones y colectivos que defienden la naturaleza y el medio ambiente como Quito sin Minería o Yasunidos, los cuales, recordó, expresaron su rechazo y profunda preocupación respecto a este proyecto de ley.
“Al no haber contado con su participación, este debate carece de la pluralidad necesaria y, por lo tanto, nace con vicios de inconstitucionalidad”, alertó.
Con estos argumentos, los legisladores del correísmo pidieron el archivo de este proyecto de ley económico urgente.
Por su parte, Alejandro Lara, de ADN, expuso que esta propuesta tiene cinco ejes importantes: la reactivación de la inversión minera legal, simplificando los procesos administrativos y eliminando cargas regulatorias innecesarias; el fortalecimiento del control estatal y lucha contra la minería ilegal, pues se propone redefinir el régimen de minería artesanal y mejorar la trazabilidad de los minerales; la preservación de la liquidez en el sector eléctrico, habilitando esquemas de delegación y concesión; la diversificación y modernización de la matriz energética, promoviendo el desarrollo de energías renovables; y la optimización de la renta minera, asegurando que los recursos generados se traduzcan en inversión social.
En cambio Adrián Casto, también del oficialismo, destacó una disposición general incorporada en el proyecto urgente sobre los resultados de las consultas populares y referéndum.
El legislador explicó que la norma establece que estos mecanismos de democracia directa no podrán ser desconocidos ni relativizados mediante reglamentos, actos administrativos o interpretaciones posteriores.
“Es imperativo dejar claro que, cuando el resultado de una consulta popular limite o prohíba la actividad minera antes del inicio de la fase de explotación, dicha decisión no generará derecho a indemnización alguna, por cuanto no existe un derecho adquirido, sino una mera expectativa de derecho sobre el proyecto”, resaltó.
Castro enfatizó que esta disposición desvanece los rumores y las malas intenciones de ciertos sectores políticos.
“Estos aportes son fundamentales para alcanzar un consenso y terminar con los discursos que pretenden desvirtuar este proyecto. Nuestra meta es clara: combatir la ilegalidad y fortalecer el marco de la minería legal y responsable”, agregó.
Del debate también participaron asambleístas como Milton Aguas, de ADN, David Arias, exRC, Steven Ordóñez (ADN), Sergio Peña, aliado de ADN, Ana Belén Yela y Comps Córdova, del correísmo.
El informe aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico pasará a primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, previa convocatoria del presidente Niels Olsen. (I)
