La digitalización de la economía comporta ventajas pero también importantes riesgos. Hasta fechas recientes, ciudadanos y empresas han contado con un sistema de pagos público y gratuito, mediante el uso de efectivo (billetes y monedas), que en la zona euro ha garantizado el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales.
La digitalización está produciendo una creciente privatización de los sistemas de pagos y, en consecuencia, un serio riesgo de la pérdida de la gratuidad de un servicio accesible para todos.
Los cambios son acelerados. En España en 2024 los consumidores efectuaron casi tres veces más pagos online que en 2019. Un 51% de estas operaciones se realizaron con tarjeta y un 26% mediante otros medios electrónicos, según el Banco de España.
Este proceso de digitalización implica varios desafíos: uno, sustitución de un medio de pago público y gratuito por instrumentos privados con costes y sus propios intereses; dos, pérdida de soberanía monetaria europea (las tarjetas principalmente Visa y Master Card y otros instrumentos de pago como Apple Pay y Google Pay, pertenecen a matrices estadounidenses, que pueden dejar de prestar el servicio) y tres, pérdida de competitividad por el elevado coste de las comisiones en los pagos por tarjetas. De entrada, para el euro digital solo se han preseleccionado compañías de la UE.
Existe un error de percepción de lo que supone la gratuidad. El coste de las tarjetas no se limita a lo que pagan sus usuarios, unos 60 euros anuales. Lo relevante son las elevadas comisiones que se cargan a los comercios en contratos con cláusulas a veces leoninas que se repercuten a los clientes.
Ante esta situación, en 2019 el BCE y los bancos centrales iniciaron los trabajos para crear el euro digital. En 2023, la Comisión Europea aprobó una propuesta de reglamento cuyas características esenciales fueron aprobadas por el Consejo el pasado diciembre. La idea principal es que el euro digital tenga las mismas características que el efectivo, es decir, que sea público, gratuito y accesible a todos.
Piero Cipollone, miembro de Consejo Ejecutivo del BCE, explicó el pasado día 6, que se trata de realizar una de las tareas principales definida en el Tratado: “proporcionar medios de pago de curso legal y emitir dinero como un bien público”.
El asunto se debate en el Parlamento Europeo. El proyecto de informe, elaborado por el eurodiputado Fernando Navarrete, (PP), condiciona la versión en línea del euro digital a “la ausencia de una solución soberana paneuropea de pagos minoritarios privados”. Un claro apoyo al sector privado. Sin embargo, existe una mayoría en la Eurocámara de la socialdemocracia, izquierda y parte del PP (Italia y Alemania) que apoya las tesis de la Comisión y el Consejo que defienden un euro digital público.
Se trata de un paso importante. Pero, como ha advertido el profesor Juan Torres, la medida es muy insuficiente: “A la unión monetaria europea le faltan los requisitos (en particular, una hacienda y política fiscal comunes) que son imprescindibles para una moneda única”. La presión de Trump podría forzar la necesaria reacción de la UE.
