La Agencia Tributaria acaba de publicar la relación anual de empresas que han decidido presentar el Informe de Transparencia, un documento informativo de naturaleza fiscal que se encuadra en el Código de Buenas Prácticas Tributarias. El dato destaca por ser el más elevado de la serie, con algo más de 40 grandes compañías (españolas y de otros países, pero con implantación en España) dispuestas a abrirse en canal ante los ojos de Hacienda. La cifra, actualizada esta semana y correspondiente al ejercicio 2024, es la más abultada y consolida una tendencia claramente ascendente frente a años anteriores, en los que el número de entidades adheridas se situaba en torno a la treintena. Algunas de las habituales son Telefónica, Inditex, Mercadona, Iberdrola, Repsol, Seat, Indra y la mayoría de las entidades bancarias, además de empresas del mundo de las infraestructuras como ACS y Ferrovial.
El récord de participación de este año convive con un hecho llamativo, y es que no todas las grandes empresas que venían presentando el informe han mantenido ese compromiso. En el listado actualizado ya no figuran nombres de peso como Grupo CaixaBank o Grupo Inmobiliaria Colonial, presentes en la edición anterior, ni Mapfre, que había aparecido en ejercicios previos.
Los informes son una herramienta de carácter voluntario mediante la cual las grandes empresas comunican a la Agencia Tributaria información relevante y sensible sobre su política fiscal. Por ejemplo, cómo se organiza el grupo, cuál es su presencia internacional, cómo justifican su presencia en territorios de fiscalidad favorable, qué operaciones considera significativas desde el punto de vista tributario y qué sistemas utiliza para identificar y gestionar riesgos fiscales. Con ello, la Agencia Tributaria busca reforzar una relación cooperativa con los grandes contribuyentes, basada en la anticipación, la confianza recíproca y la reducción de conflictos, más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones legales.
El Código de Buenas Prácticas Tributarias fue aprobado en el año 2010 en el Foro de Grandes Empresas y, desde 2018, la Agencia Tributaria puede informar de cuáles son las entidades adheridas. El organismo dependiente de Hacienda explica que la experiencia ha sido hasta la fecha “útil y fructífera”, constituyendo un instrumento eficaz dirigido al cumplimiento de las obligaciones tributarias, dotándolo de un mayor grado de previsibilidad y seguridad jurídica.
Al adherirse al acuerdo, tanto las empresas como la Agencia Tributaria asumen compromisos recíprocos. Las primeras prometen actuar con buena fe en materia fiscal, evitar estructuras opacas para pagar menos impuestos, informar de forma anticipada sobre criterios fiscales relevantes y operaciones significativas y colaborar en la prevención del fraude. Por su parte, Hacienda se compromete a favorecer la seguridad jurídica, a hacer más previsible la aplicación de las normas tributarias, a facilitar canales de comunicación temprana sobre cuestiones fiscales complejas y a informar con antelación de posibles regularizaciones.
El Informe de Transparencia es una expresión concreta de ese espíritu cooperativo. A diferencia de las obligaciones fiscales ordinarias, permite a la Agencia Tributaria disponer de una visión más completa de la política fiscal de cada grupo, su estructura internacional, la razón oficial de su presencia en refugios fiscales o territorios de baja tributación, las operaciones más relevantes y los sistemas internos de control de riesgos. La información se remite de forma anticipada, preferentemente antes de la declaración del impuesto sobre sociedades, y tiene carácter reservado.
Es decir, la adhesión al código no sustituye el cumplimiento de la ley, sino que invita a las empresas a ir más allá del mínimo exigido, incorporando criterios de transparencia y buena fe en su relación con Hacienda. La Agencia Tributaria sostiene que este enfoque mejora la previsibilidad en la aplicación de las normas y refuerza la seguridad jurídica, reduciendo potenciales conflictos.
Para las compañías, presentar el informe abre un canal de diálogo temprano con la Administración que permite aclarar criterios fiscales complejos y anticipar posibles discrepancias. Además, el propio Código reconoce que las empresas pueden hacer público este compromiso, reforzando su reputación en materia de responsabilidad fiscal ante inversores y la sociedad.
