La batalla judicial que Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad del gigante estadounidense General Dynamics, libra con las compañías Indra Sistemas SA y Escribano Mechanical & Engineering (EME) amenaza con anular créditos por más de 14.400 millones de euros concedidos a la industria española de defensa y paralizar los programas de armamento que han permitido alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2025.
El pasado 17 de diciembre, SBS presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 915/2025, aprobado por el Consejo de Ministros del 14 de octubre, que concedió créditos al 0% de interés con cargo al Ministerio de Industria y Turismo para el desarrollo de Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa. En concreto, solicita que se anule la concesión de préstamos por valor de 3.002 millones para que Indra y EME desarrollen los nuevos programas de artillería autopropulsada (ATP) sobre ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra, con el argumento de que SBS “no ha sido ni siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia” que tramita el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los futuros obuses; pese a ser, a su juicio, “la empresa líder de la industria española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre” y carecer Indra y EME “de experiencia, recursos o productos equivalentes”.
El objetivo de SBS era circunscribir su impugnación a los apartados e) y f) del artículo 3.1 del decreto ―es decir, aquellos que designan a Indra y EME como beneficiarias de los créditos para los programas ATP Ruedas y ATP Cadenas― rechazando la personación en la causa de cualquier otra empresa. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha rechazado esta pretensión y ha dejado claro que “el resultado de este recurso no solo puede afectar a las entidades beneficiarias mencionadas [Indra y EME] sino también a los intereses de las restantes entidades comprendidas en dicha norma”.
Por eso, en un auto fechado el pasado 28 de enero, la Sala ha otorgado la condición de codemandadas a dos filiales del grupo Telefónica (Telefónica Ingeniería de Seguridad SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU), beneficiarias junto a Indra de un crédito de 380 millones para el desarrollo del programa Conectividad Multidisciplinar (MC 3).
Para llegar a esta conclusión, el alto tribunal alega que la multinacional estadounidense incluye entre los motivos de impugnación de su recurso la omisión del trámite de emisión de dictamen por parte del Consejo de Estado, preceptivo aunque no vinculante; lo que, explica, “podría afectar a todo el Real Decreto 915/2025”. Es decir, si el Supremo diera la razón a SBS, tendría que anular la totalidad del decreto y no solo los párrafos que pretendía el recurrente.
El problema, subrayan fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS, radica en que la falta de dictamen del Consejo de Estado es un defecto del que adolecen los siete decretos que entre septiembre y noviembre del año pasado aprobó el Consejo de Ministros, en los que se concedieron créditos por más de 14.400 millones de euros a numerosas industrias militares para el desarrollo de los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa. Si el Supremo concluye que la falta de informe del Consejo de Estado es causa suficiente de nulidad del RD 915/2025, advierten las mismas fuentes, el Consejo de Ministros debería anular de oficio los restantes seis decretos o, al menos, se generaría una situación de inseguridad jurídica para las empresas adjudicatarias, expuestas a que cualquiera que se considerase perjudicado por la concesión de estos préstamos pudiera impugnarlos en base a la jurisprudencia del Supremo.
Entre los beneficiarios de los préstamos del Ministerio de Industria están todas las grandes empresas del sector de defensa español, como Indra, Navantia o Airbus; e incluso la propia Santa Bárbara, que ha recibido un crédito de 176 millones para la modernización de los vehículos de combate Pizarro. Fuentes del sector advierten de que la anulación de los préstamos tendría como efecto inmediato la paralización de los nuevos programas militares, al carecer las empresas afectadas de los cuantiosos fondos necesarios para acometer las inversiones que precisan.
No es posible prever cuándo dictará el Supremo su sentencia, explican las mismas fuentes, pero en breve debe pronunciarse sobre la petición de suspender la concesión de los créditos a Indra y EME mientras se instruye la causa, que ha solicitado SBS como medida cautelar, con el argumento de que la entrega de estos fondos a sus competidoras le causaría “un perjuicio irreparable” y se produciría una “pérdida de recursos del Estado”, ya que, sostiene, la alternativa técnica que ofrecen las dos compañías españolas es “aparentemente inviable”. De momento, SBS ha recibido un revés al rechazar el Supremo habilitar los días festivos de Navidad para acelerar la tramitación del recurso.
Esta demanda es la primera línea de ataque de General Dynamics European Land Systems (GDELS), la filial europea del gigante estadounidense, contra Indra. La multinacional ha anunciado que recurrirá también la propia adjudicación de los dos programas de obuses ATP por parte del Ministerio de Defensa, cuyo valor total, 7.450 millones de euros, duplica con creces el importe de los créditos asignados. En el trasfondo de este litigio está la apuesta del Gobierno por construir un campeón de la industria española de defensa capaz de negociar de igual a igual con sus homólogos europeos, un papel atribuido hasta ahora a Indra; y la decisión de la actual dirección de esta compañía de poner en marcha una división de vehículos terrestres en abierta competencia con SBS, que hasta ahora había gozado casi de monopolio en este sector.
Tras fracasar en su intento por comprar Santa Bárbara, Indra ha puesto en marcha una operación para adquirir EME, la empresa familiar del presidente de la compañía, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, pese a la resistencia de algún accionista minoritario, como SAPA, que se ha aliado con General Dynamics para suministrar vehículos al Ejército de EE UU, y las dudas de última hora en la propia SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), socio mayoritario con el 28%.
