La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó hace casi un año la creación de un comité de expertos para impulsar una nueva ley destinada a mejorar la democracia en la gobernanza de las empresas. O, dicho de otra manera, cómo articular la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales e incluso acceder a la propiedad de la compañía.
Esa Comisión de Expertos sobre Democracia en el Trabajo ya tiene su informe, y este lunes se lo ha presentado a Díaz. El texto propone al Gobierno que apruebe, entre otras cosas, un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Pero su propuesta va más allá en el grado de participación y reclama al Ejecutivo que establezca un plan para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones (en empresas a partir de 25 trabajadores).
La ministra de Trabajo ha indicado que el Gobierno “recoge el guante” para llevar a cabo esta regulación, a través de una ley que se negociará con empresarios y sindicatos en “un periodo breve de tiempo”, porque es una reforma que estaba pendiente en España, de la que nunca se habla habitualmente, pero sí se abordó en la Transición. Díaz ha insistido en que este modelo participativo no es del todo desconocido en España, ya que cuentan con ello las cooperativas, alguna empresa pública (en referencia a Navantia) y algunas compañías en el País Vasco, “y no se ha roto nada”.
El texto de este informe, que cuenta con 500 páginas, responde a la petición de Díaz de argumentar y articular una futura regulación de la participación de los trabajadores en las decisiones de sus empresas. Se trata de emular los sistemas ya presentes en la mayoría de los países europeos. En concreto, la ministra de Trabajo justifica esta reforma de la gobernanza empresarial en el hecho de la propia Constitución recoge este mandato en su artículo 129.2 pero aún está sin desarrollar.
Este artículo de la ley fundamental indica literalmente: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Según ha denunciado este lunes la presidenta de este comité de expertos, Isabelle Ferreras, miembro del FNRS; de la Universidad de Lovaina, del Center for Labor and a Just Economy; de la Escuela de Derecho de Harvard Law School; y del Institute for Ethics in Artificial Intelligence, de la Universidad de Oxford, este artículo constitucional “no se está aplicando adecuadamente en España”. Aunque sí reconoce que hay un sistema dual de representación a través de los delegados de personal y comités de empresa, asegura que ”los derechos de participación de los trabajadores son muy limitados y nunca permiten la participación en las decisiones estratégicas de las empresas». De hecho, ha indicado, al igual que Díaz, que España es una anomalía en Europa porque 18 de los 27 estados de la UE ya han regulado la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas.
Voz y propiedad
Por ello, la comisión recomienda que el Gobierno español y sus interlocutores sociales apliquen una estrategia que promueva la participación de los trabajadores en el seno de las empresas en torno a dos pilares: dar “voz” a los empleados en las decisiones de sus compañías; y el acceso a su “propiedad”.
Concretamente, piden que la voz de los trabajadores aumente mediante el refuerzo y establecimiento de nuevos requisitos legales para su participación en las decisiones operativas de la empresa, “incluyendo el fortalecimiento de las facultades de los comités de empresa y de los delegados de personal. Y, citan, por ejemplo, ”la incorporación de un nuevo derecho de codecisión para definir y consentir el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo”.
Dentro de ese reforzamiento de los derechos de representación y participación ya existentes en la legislación española, estos expertos también reclaman la creación de la figura del “representante conjunto de personal” para los lugares de trabajo más pequeños (de menos de seis o diez trabajadores). Asimismo, piden, para mejorar la gobernanza a nivel de grupo empresarial, la creación de comités de empresa del grupo.
En la misma línea de fortalecer las competencias de los comités de empresa existentes, piden que estos sean asistidos por expertos (retribuidos) en materia de inteligencia artificial y de impacto de las decisiones empresariales sobre el entorno, más o menos amplio.
En el marco de estas reclamaciones para aumentar la voz de las plantillas en las empresas, los expertos proponen —incluso “si el diálogo social no conduce a ningún acuerdo”— que el Ejecutivo establezca “procedimientos formales para dar a los trabajadores participación en los órganos de gobierno de la empresa”. Dichos procedimientos deberían inspirarse, en su opinión, en las mejores prácticas europeas, como son las de Suecia y Alemania.
Según eso, proponen adaptar los umbrales suecos (un tercio de los puestos del consejo de administración para los trabajadores en empresas de 25 a 1.000 empleados) a la realidad laboral española. Por ello, el umbral que sugieren es un tercio de los sillones para compañías con plantillas de entre 50 a 1.000 trabajadores.
Y para empresas muy grandes, adaptan el ejemplo alemán, y fijan la mitad de los puestos del consejo para los trabajadores en empresas a partir de 1.000 empleados, en lugar de 2.000, como en Alemania, explican estos expertos.
En cuanto a la estrategia para que los trabajadores participen también de la propiedad de la compañía, el informe plantea un umbral mínimo legal para las empresas de 25 a 1.000 trabajadores: en estos casos, más del 2% del capital social debe ser propiedad de los trabajadores. Mientras que para compañías con más de 1.000 asalariados, ese porcentaje se eleva a más del 10%.
En este escenario, prevén la creación de un plan de propiedad de acciones para empleados (ESOP en sus siglas en inglés), para que los trabajadores adquieran acciones de su empresa en previsión de la jubilación del fundador o propietario. Concretamente, Ferreras ha precisado que se trataría de “fondos ciudadanos, a nivel regional, que estén gobernados por los trabajadores y que permitan la adquisición de todas las acciones en los momentos de crisis de sucesión, para evitar su venta a fondos depredadores”.
Finalmente, los expertos recomiendan al Gobierno y a los interlocutores sociales que acuerden la creación de incentivos para cada empresa, más allá del cumplimiento mínimo de la legislación, para animar a las compañías a avanzar en la trayectoria propuesta. Con este fin, aconsejan también la elaboración de una nueva herramienta de medición: el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo. Dicho indicador se podrá utilizar para la aplicación posterior de un mecanismo del tipo bonus-malus, con el que recompensar los mayores niveles de participación en las empresas y desalentar los niveles más bajos. Dichos incentivos podrán incluir subsidios públicos, tasas y beneficios fiscales o el acceso privilegiado a la contratación pública, entre otros, para estimular un mayor progreso en la estrategia que se adopte legalmente.
El grupo de expertos que ha elaborado este documento está formado por 13 profesionales del mundo académico que se han reunido cada dos semanas durante más de un año. Entre otros participantes están también Jeremias Adams-Prassl (Oxford University); Julie Battilana (Harvard Business School, Harvard Kennedy School, Harvard University); Antonio Baylos (Universidad de Castilla-La Mancha); Benjamin Braun (The London School of Economics and Political Science); Isabel-Gemma Fajardo García (Universidad de Valencia); Sergio González Begega (Universidad de Oviedo); Sara Lafuente Hernández (European Trade Union Institute/University of Brussels); o Edurne Terradillos Ormaetxea (Universidad del País Vasco).
