
Unos 20 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) son auditados por la designación de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), entre ellos del presidente del órgano, Mario Godoy Naranjo.
La Contraloría General del Estado avanza con el examen especial a la selección de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes que realizó el Consejo de Participación Ciudadana en septiembre pasado, en el marco de las denuncias de posibles irregularidades en la administración de Mario Godoy.
La auditoría abarca las actividades que se cumplieron en el CPCCS desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025, según se informó en el organismo de control.
Para esta tarea se solicitó al presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, que remita información de las actuaciones de él y de varios servidores en el proceso de designación de los cinco miembros de la Judicatura.
La acción de control involucra al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni; a quien ejerce la vicepresidencia, Jazmín Enríquez; los consejeros David Rosero y Johanna Verdezoto, que son parte de un bloque de mayoría que con sus votos eligió a los actuales vocales del CJ.
También se audita a la consejera Piedad Cuarán, que se abstuvo en la elección de Godoy; a Nicole Bonifaz, que votó en contra; y a Gonzalo Albán, exvocal del CPCCS, que también se abstuvo en esa votación.
Otros observados son los secretarios generales, los coordinadores generales administrativo- financieros, los coordinadores de asesoría jurídica y los integrantes de la comisión técnica de selección.
Esta última instancia la integraron los asesores de confianza de los siete consejeros y que tienen la función de dar apoyo administrativo en los procesos de selección de autoridades de control del Estado, como por ejemplo revisar las carpetas de los postulantes, revisar el cumplimiento de requisitos de las impugnaciones ciudadanas y otras actividades, que son puestas a consideración del pleno del Consejo.
Quienes deberán entregar sus informes son la asesora de Fantoni, Lizbeth Galarza Guaicha; Dixon Jaime Vera; Christian Troya Macías, Andrés Mantilla Zapata, Jennifer Celorio Suárez, Paola Olmedo Arce, Marcelo Espinel Vallejo, Mariela Mosquera Layedra, Jefferson Sanguña Mozo, Evelyn Loor Jaramillo y Wilson Gallardo Hidrobo.
Algunos de ellos, como Espinel y Sanguña, ya no son parte del Consejo, pues eran colaboradores del exconsejero Gonzalo Albán, quien fue destituido mediante un juicio político en la Asamblea Nacional en septiembre de 2025.
Además de esta auditoría, en la Fiscalía General del Estado está abierta una indagación previa en contra de Mario Godoy y cinco consejeros del CPCCS por sus actuaciones en la conformación del Consejo de la Judicatura.
La acción judicial es efecto de una denuncia interpuesta por el exdiputado Jorge Moreno Ordóñez, que los acusa de ser sospechosos de los delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
En el ámbito político, Godoy enfrenta una interpelación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional impulsada por la bancada del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC).
Este enjuiciamiento nace de la denuncia que hizo un exjuez de la Unidad Anticorrupción, Carlos Serrano, de que aparentemente recibió insinuaciones de un exfuncionario del CJ, Henry Gaibor, que además es amigo de Godoy, para que ‘tome en cuenta’ los elementos de defensa de un procesado por lavado de activos, Jezdimir Srdan, que es un ciudadano oriundo de la Península Balcánica de Europa.
Atado a esto, se reveló que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue parte de su defensa técnica pero en la etapa preprocesal.
Por su parte, la bancada de la RC insistió por tercera vez con la solicitud de un juicio político en contra de cinco vocales del CPCCS: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, por la elección de Godoy en el Consejo de la Judicatura. (I)






























