La patronal se aleja casi definitivamente del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que ahora. CEOE y Cepyme denuncian en un comunicado conjunto que han conocido la propuesta con la que el Gobierno intentaba convencerles a través de la prensa, y que el planteamiento en sí no les gusta.
El Ministerio de Hacienda plantea una deducción creciente en el impuesto de sociedades para las empresas que contraten trabajadores con sueldos por encima del suelo salarial. Este incentivo podrá llegar a cubrir hasta el 100% del coste salarial vinculado al incremento del SMI, según la propuesta a la que tuvo acceso este diario, y va dirigido a las actividades con elevado gasto en personal.
Podrían beneficiarse de la rebaja las empresas con plantillas inferiores a 100 trabajadores si contratan al menos un empleado a tiempo completo durante un año con un sueldo superior al SMI. Si las plantillas son mayores, superando los 100 trabajadores, las alzas salariales por encima del SMI tienen que afectar al menos al 1% de los trabajadores, con un mínimo de dos empleados.
“CEOE y Cepyme denunciamos, una vez más, la falta de respeto que el Gobierno muestra por el diálogo social al haber filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de actualización del SMI, destinada supuestamente a alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales, antes de plantearla en la propia mesa de negociación”, reflexionan las organizaciones lideradas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel.
Sobre el contenido de la propuesta, CEOE y Cepyme dicen: “Deducimos que supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada, de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el AENC”.
Las patronales creen que el planteamiento de Hacienda “deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores”. “De hecho”, continúan, “la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro”.
Asimismo, las organizaciones empresariales catalogan como “inalcanzables para la mayoría de las empresas” las condiciones para acceder a la deducción. “Sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo”, agregan las asociaciones empresariales, que emitirán una valoración definitiva cuando el Gobierno les entregue la documentación sobre la propuesta, una vez reunido el Comité Ejecutivo patronal.
Este jueves por la tarde se celebrará una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, con la participación de las patronales y los sindicatos. Los representantes de los trabajadores expresaron sus dudas sobre este planteamiento de Hacienda antes de conocer el detalle.
La petición patronal que sí apoyaban los sindicatos (y que también respaldaba Trabajo) era repercutir el alza del salario mínimo en las contratas públicas, posibilidad que reclaman a Hacienda cada año y que el departamento de María Jesús Montero desecha cada vez que se plantea el tema.
Con la patronal casi descartada, lo normal es que Yolanda Díaz vuelva a alcanzar un pacto solo con CC OO y UGT. La vicepresidenta segunda solo ha conseguido acordar un alza del SMI con los empresarios, que acordó en enero de 2020. Desde 2018, el salario mínimo ha crecido un 61%, hasta los 1.184 euros brutos al mes y que Trabajo pretende elevar ahora hasta 1.221. A diferencia de otras iniciativas laborales que han embarrancado en su camino legislativo, esta no necesita el aval del Parlamento.
