El Ministerio de Trabajo y el de Hacienda han pactado finalmente una fórmula de incentivos fiscales a las mejoras salariales dentro del impuesto de sociedades para atraer a las patronales CEOE y Cepyme al acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). La intención del Ejecutivo es elevarlo un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Esta es la oferta final que ha hecho este lunes Trabajo a los agentes sociales, que ahora deberán consultar con sus órganos de dirección si lo aceptan o no, según han confirmado fuentes asistentes a la reunión. En cualquier caso, el porcentaje de subida es inamovible y es el que se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros. Su aplicación sobre las nóminas se hara de forma retroactiva desde el 1 de enero pasado, han informado desde Trabajo.
La propuesta de bonificar fiscalmente las mejoras salariales no convence a los empresarios, al menos de momento. La negociadora patronal, Rosa Santos, ha criticado que la oferta ha sido solo verbal “y sin ningún tipo de concreción”, lo que impide valorarla. De los pocos detalles que han trascendido es que la bonificación se aplicaría en el impuesto de sociedades y para todas las empresas que suban el salario mínimo. Pero Santos ha criticado que para beneficiarse de ella se imponen dos condiciones que consideran “inasumibles”: el mantenimiento de las plantillas y las mejoras de las bandas más bajas de las tablas salariales recogidas en convenio por encima del salario mínimo.
Los sindicatos, por su parte, también esperan una mayor concreción de la propuesta y encuentran varias “lagunas” que deberán aclararse. En ese sentido, han confirmado que el Gobierno enviará en próximos días los detalles y el jueves por la tarde volverán a reunirse todas las partes para determinar si hay acuerdo tripartito o no.
La oferta de bonificaciones fiscales hecha este lunes llega después de otra enconada negociación entre Trabajo y Hacienda para determinar si el salario mínimo debía empezar a tributar o no este año. Finalmente, ambos departamentos acordaron mantener este suelo salarial sin tributar en la práctica. Para ello, Hacienda prevé actualizar la deducción que ya aplicó el pasado año de forma que ninguno de los beneficiarios que por sus circunstancias personales superen el mínimo exento tenga que tributar.
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