Una vez que concluyen los 30 días de suspensión del cargo sin goce de remuneraciones que se dispuso desde el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) contra la jueza Daniela Ayala y retomó el caso Magnicidio FV, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado al estilo sicariato en agosto de 2023, y acusadoras particulares en Magnicidio, solicitan que Ayala presente su excusa y se abstenga de continuar avocando conocimiento y sustanciando el caso.
La solicitud fue presentada la mañana de este martes, 13 de enero, por Patricio Rosero, abogado de las hijas del político que buscaba ser presidente de la República. Se asegura que se habría configurado una causal legal de excusa.
El 12 de enero pasado, con el voto de los vocales de la Judicatura Magally Ruiz, Fabián Fabara, Damián Larco y Alfredo Cuadros, y del presidente de la institución, Mario Godoy, se ratificó la resolución sancionatoria expedida el 8 de diciembre de 2025 por Jorge Mauricio Maruri, director general del CJ, mediante la cual se impuso a Ayala la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneraciones por el plazo de 30 días.
Atentado contra el candidato Fernando Villavicencio afuera del colegio Anderson y simpatizantes heridos.
Fotos:César Pasaca/API
Como parte de los antecedentes expuestos en el escrito presentado por Rosero se señala que en el caso Magnicidio FV, en el que se analiza el delito de asesinato y al momento son cuatro los procesados como autores intelectuales del crimen de Villavicencio, Ayala se encuentra avocando conocimiento y conociendo actuaciones propias de la sustanciación del proceso.
Además, se recuerda que existe un proceso derivado de una denuncia presentada por Amanda y Tamia Villavicencio en contra de la jueza Ayala, lo cual, se advierte, “sitúa a las comparecientes en una posición procesal objetiva de controversia frente a la juzgadora que actualmente conoce esta causa”.
En ese contexto, se indica en el documento presentado, se genera, al menos, “un riesgo evidente y objetivamente verificable de afectación a la imparcialidad y, especialmente, a su apariencia, lo que vuelve procedente y exigible la separación de su autoridad del conocimiento de este proceso”.
El exministro del correísmo José Serrano, los llamados a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán y Ronny Aleaga, y el sentenciado por casos de corrupción en el sector de la salud y la justicia Daniel Salcedo fueron los primeros procesados. Se espera que el 28 de enero se realice la audiencia para vincular al caso Magnicidio FV a tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
Con la salida temporal de Ayala del caso, la jueza Luz María Ortiz asumió el proceso en el que investiga inicialmente a cuatro supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, hecho ocurrido el 9 de agosto de 2023. El reemplazo debía durar desde el 15 de septiembre pasado hasta que concluyan los tres meses de suspensión temporal que el anterior CJ decidió inicialmente, antes de la sanción de la jueza Ayala.
Una vez que salió Ortiz del conocimiento del caso, Magnicidio pasó a manos del juez de Pichincha Geovanny Freire, quien en los pocos días que estuvo a cargo de la causa decidió suspender la audiencia de vinculación. Del 26 de diciembre de 2025 la diligencia de vinculación pasó para el 28 de enero de 2026. La última jueza que estuvo a cargo de la causa penal fue Ana Guerrón y ahora volvería Daniela Ayala.
El abogado Particio Rosero ya había adelantado que como parte procesal ellos solicitarán que se excuse la jueza y de no darse esa situación, interpondrán una demanda de recusación.
“Existe una enemistad manifiesta por lo que ha habido para la sanción en este mismo caso. Entonces, su objetividad perderá todo sentido. Tendrá, justamente, una animadversión respecto a todo lo actuado”, señaló Rosero.
La solicitud directa que hacen Tamia y Amanda Villavicencio es que la jueza Daniela Ayala presente su excusa en esta causa, por encontrarse incursa en la causal prevista en el artículo 572, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, por seguridad jurídica y prevención de nulidades, se abstenga de realizar actos jurisdiccionales sustanciales que puedan comprometer la validez del trámite, hasta que la competencia quede radicada en el juzgador que corresponda.
En el sumario administrativo que terminó con una sanción de suspensión del cargo de 30 días, a Ayala se le imputaba que en la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV, el 3 de septiembre pasado, ella emitió comentarios que se alejan totalmente de su rol como jueza, acusando que la fiscal de esa causa, Ana Hidalgo, no tiene la capacidad de actuar objetivamente en la causa y, por tanto, debe retirarse del conocimiento del caso.
Según la Fiscalía, que fue la instancia que presentó la denuncia contra Ayala, la entonces jueza emitió comentarios personales al indicar que la Fiscalía General del Estado no debe ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno e induciendo sin fundamento alguno a que el trabajo que ha realizado la Fiscalía no se ajusta a un criterio técnico sino a temas políticos.
“Las expresiones manifestadas (…) exceden la función de la jueza de dirección y vigilancia procesal, y se convierten en una reprimenda personal dirigida a cuestionar la idoneidad profesional de la fiscal. Además, dichas expresiones constituyen inicialmente una agresión de palabra, pues se traducen en un trato verbal impropio hacia otra servidora de la Función Judicial. No se limitan a un correctivo procesal, sino que cuestionan su capacidad profesional, su idoneidad y su aptitud para ejercer el cargo dentro de la audiencia”, señala el informe aprobado por el voto de los cuatro vocales de la Judicatura y el presidente Godoy. (I)
