La presentación este lunes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una serie de nuevas medidas que recogerá un próximo real decreto-ley en materia de vivienda han vuelto a escamar a su socio de coalición. Desde Sumar se muestran reacios a los incentivos fiscales para los propietarios que congelen el precio de sus viviendas, como plantea el PSOE, puesto que consideran que cualquier intervención que se pretenda realizar sobre el alquiler debe estar focalizada en los inquilinos. Estos son frecuentemente la parte más débil en la relación contractual, como recuerdan en Sumar a través de unos datos difundidos este martes que forman parte de un informe en el que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que analizan las diferencias económicas entre unos y otros. Según el documento, la brecha de renta entre quienes perciben ingresos de un arrendamiento y quienes lo pagan es actualmente de 23.638 euros, “al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, por los 28.810 euros que tienen los inquilinos”. Lo que significa que en la actualidad, “los caseros tienen una renta un 82% superior”.
Fuentes de la formación de Yolanda Díaz rechazan la bonificación del 100% del IRPF de las rentas obtenidas por el alquiler para los arrendadores que congelen los precios en el momento de la renovación, como anunció este lunes el socio mayoritario del Ejecutivo. Es una propuesta “ineficaz”, alegan, y advierten de que la situación actual exige “una intervención urgente” del mercado de la vivienda y del alquiler, y no “una medida opcional a la que puedan adherirse unos propietarios sí, y otros no”.
Tanto la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya rechazaron de plano este lunes las líneas maestras del plan anunciado por Sánchez. Estas pasan por plantear una exención fiscal en el IRPF a los propietarios que decidan mantener el precio de los alquileres en el momento de la renovación; establecer medidas más estrictas a la hora de poder llevarse a cabo contratos de alquiler por temporada; y que en el caso de los arrendamientos por habitaciones, la suma total no pueda superar el valor del inmueble al completo. Todas estas propuestas se recogerán en un real decreto-ley que será aprobado “en las próximas semanas”, indicó el jefe del Ejecutivo.
El análisis de Sumar con las diferencias de renta entre caseros e inquilinos alerta de que en ocho territorios —Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias— los ingresos de los caseros son ya el doble que el de los inquilinos.
Una de las medidas que planteó Sumar el año pasado para afrontar la próxima renovación de los 600.000 contratos de alquiler que Consumo ha calculado que caducarán próximamente (según los que se firmaron cinco años atrás, aunque algunos pueden haberse extinguido antes o prolongarse más tiempo), es su prórroga automática con una única subida ajustada el IPC. “De renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros”, indican fuentes del partido.
Esta prórroga automática, que ya fue aplicada durante la pandemia, genera ahora dudas en el PSOE por su encaje legal, puesto que entonces tenía como coraza la situación de emergencia declarada en el país. “Los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas inquilinas y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no”, denuncian en Sumar.
Cuatro millones de afectados
Desde el Ministerio de Consumo, uno de los más activos en materia de vivienda, están elaborando un informe a partir de diferentes fuentes oficiales y operadores que radiografía la situación actual del mercado del alquiler, de donde se extraen los datos que adelantan este martes. De acuerdo con los primeros resultados del trabajo, entre 2026 y 2027 caducarán más de un millón de contratos que se firmaron en 2021 y 2022 (cuya duración original es de cinco años); de los que dependen más de cuatro millones de personas, sumando los dos ejercicios.
El texto también incide en que entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha experimentado un incremento acumulado muy acentuado. “A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,85 euros el metro a 14,5, según los informes de precios de Idealista”, señala. Esto repercute en que la subida media de los alquileres en este tiempo ha sido del 34,3%.
