La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha propuesto elevar en 21.000 millones los recursos del sistema de financiación que reciben las comunidades en la reforma del modelo que ha presentado este viernes. El grueso de este importe, 16.000 millones, se lograría gracias a una ampliación de la parte de IRPF e IVA que el Estado cede a los territorios. La número dos del PSOE confía en que el nuevo sistema pueda estar listo para el año que viene. “Es una reforma que comprometimos al inicio de la legislatura y en la que llevamos mucho tiempo trabajando”, ha dicho en el arranque de su comparecencia, asegurando que ninguna comunidad perderá recursos con el nuevo modelo.
Montero se había comprometido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en noviembre, a presentar a inicios de 2026 un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero ha sido el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien adelantó el jueves de que había una propuesta, tal y como ocurrió con la condonación de la deuda autonómica. Tras un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que se había alcanzado un “buen acuerdo”, donde “todo el mundo gana y nadie pierde”. El republicano detalló que el pacto brindaría 4.700 millones adicionales a Cataluña.
Ahora, el Gobierno ha detallado los entresijos del nuevo modelo. La mayor inyección de recursos se llevará a cabo con una ampliación de la parte de IRPF e IVA que cede a las comunidades. El modelo actual prevé que la mitad de lo que se recauda en concepto de estos impuestos se traslade a la caja común que va a financiar los territorios —que a su vez se emplea para los servicios públicos básicos que estas prestan—, un porcentaje que según la nueva propuesta se elevaría ahora al 55% y al 56,5%, respectivamente, y que brindaría 16.000 millones extra, cerca de un punto de PIB. Además, Montero ha explicado que se incorporarán a la cesta de tributos cedidos también el 100% del impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a los territorios, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.
La aportación del Estado al modelo alcanzaría los 19.000 millones, frente a los cerca de 13.000 de 2023. Estos importes serían los que se aplicarían en 2027, por un total de recursos repartidos de 224.507 millones de euros. A los cinco años, ha detallado la ministra, el modelo se revisaría.
Andalucía, donde Montero se presenta como candidata en las próximas elecciones autonómica, será la comunidad donde los recursos del sistema de financiación más se incrementarán, hasta los 4.846 millones, seguida por Cataluña (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669) y Madrid (2.555). Las únicas que perderían recursos serían Cantabria y Extremadura, dos de los territorios mejor financiados, pero la vicepresidenta ha especificado que se les compensará para que no sufran ninguna merma con el nuevo modelo, puesto que el statu quo será el elemento de cierre en el arranque del nuevo modelo.
La responsable de Hacienda ha insistido en que ninguna comunidad perderá recursos con respecto al sistema actual y ha hecho hincapié en que el nuevo modelo también reducirá las distancias “injustificables” en la financiación per cápita de los territorios. Actualmente, rondan los 1.500 euros entre la mejor y peor financiada (Cantabria y Murcia), y el nuevo esquema pretende reducirlas hasta los 477 euros.
La reforma contempla otros elementos de ajuste adicionales, entre ellos la posibilidad para las comunidades de financiar sus competencias no homogéneas o singulares, es decir aquellas que no son comunes al resto de los territorios, a través de una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. De elegir esta fórmula, que es voluntaria, las comunidades tendrán que aplicarla durante los cinco años siguientes. Al margen de las autonomías forales, que cuentan con un sistema distinto de financiación, Cataluña es la región que más transferencias tiene cedidas.
El nuevo modelo prevé también un sistema más ágil para el pago de las entregas a cuenta —el dinero que las comunidades reciben por adelantado del sistema de financiación como el mecanismo—, contempla el despliegue de un nuevo modelo de gestión en red de los impuestos entre la Agencia Tributaria del Estado y las autonómicas —en un claro guiño a Cataluña—, y una ampliación de competencias en materia fiscal, aunque con límites. De hecho, Montero ha adelantado que se introducirán medidas para limitar el dumping fiscal entre territorios, aunque ha reconocido que la fórmula no está aún decidida.
Reuniones bilaterales
El siguiente paso es el CPFF, que se celebrará el próximo miércoles, en el que Montero se reunirá con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades, la mayoría de los cuales ya han mostrado su malestar por la negociación bilateral entre el Gobierno y Cataluña. Después se celebrarán reuniones bilaterales con cada autonomía, según ha explicado la vicepresidenta, y a continuación se aprobará en el Consejo de Ministros para que pueda más adelante enviarse el proyecto al Congreso, donde tendrá que tramitarse como ley orgánica y superar la compleja fragmentación parlamentaria. “Esperamos que el proceso sea suficientemente ágil como para que modelo entre en vigor el año que viene”, ha señalado Montero.
La reforma de la financiación autonómica es uno de los grandes asuntos pendientes no solo de esta legislatura, sino de la política territorial española. El sistema vigente se pactó en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años, en 2014, pero esa cita nunca llegó. Mientras tanto, se han sucedido gobiernos centrales y autonómicos, crisis económicas y políticas y hasta se ha producido una declaración unilateral de independencia en Cataluña, comunidad que ha vuelto a ser la voz cantante en el diseño del nuevo modelo.
La mecha de la propuesta de reforma se prendió en Cataluña —igual que las anteriores—, y fue presentada como moneda de cambio para apoyar la investidura de Pedro Sánchez antes y de Salvador Illa después. A mediados de 2024, se pactó una financiación singular para Cataluña. La formación independentista exigió recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos que se generan en su territorio, empezando por el IRPF. En contrapartida, abonaría al Estado una cantidad por los servicios que este seguiría prestando en la comunidad. La petición, sin embargo, se chocó con la realidad: la falta de medios de la Agencia Tributaria catalana ha obligado a retrasar el traspaso al menos hasta 2028.
Lo que se ha mantenido, al menos para Cataluña, es el principio de ordinalidad que PSC y ERC habían consensuado en el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, una cuestión que para la formación independentista suponía un aspecto innegociable. Este principio implica que las comunidades que más aportan a la caja común de sistema sean también aquellas que más recursos reciban —por eso interesa a territorios como Cataluña, único aportador neto a la caja común junto a Madrid y Baleares—.
Montero ha matizado que “la construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad”, pero que su cumplimiento dependerá de la situación de cada autonomía. “Ninguna comunidad va a recibir menos de lo que recibía con el anterior modelo de financiación”, ha insistido.
