En contra de 33 excandidatos y militantes de los movimientos políticos Acción Democrática Nacional (ADN) y Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) hay una denuncia por una aparente infracción electoral relacionada con la presentación de cuentas de la campaña electoral de las elecciones nacionales anticipadas de 2023.
Dos años después de ocurridos los comicios nacionales anticipados de 2023, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó el pasado 16 de diciembre una denuncia por infracción electoral tipificada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esta es una infracción relativa al financiamiento de la política y el gasto electoral que sanciona con multa de 20 a 70 salarios básicos y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política, a los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes y procuradores comunes en caso de alianzas que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, su naturaleza, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y respaldos de ingresos y egresos.
Además, estipula que los candidatos responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento.
En el escrito enviado por el Consejo se precisa que la infracción se acoge a los requisitos contemplados en la ley electoral que estaba vigente en 2023.
Esto porque, en julio de 2025, las bancadas de la Asamblea Nacional del oficialismo en ADN, del correísmo con la Revolución Ciudadana (RC) y los independientes aprobaron un paquete de reformas con el que se eliminó el texto que incluye a los candidatos como responsables solidarios.
En el proceso, el CNE apunta a 33 personas que participaron en esa elección, tanto candidatos como dirigentes de la alianza política que se formó entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y el extinto Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático (Mover) listas 4-35, que cobijó a la candidatura presidencial de Daniel Noboa y Verónica Abad, quienes llegaron a la Presidencia de Ecuador, tras la disolución de la Asamblea Nacional o muerte cruzada.
En esa lista están personas como María Beatriz Moreno Heredia, que fue procuradora común de la alianza electoral y exdirectora nacional del movimiento ADN, que creó el presidente Daniel Noboa.
También consta Arturo Moreno, presidente del PID, con quien se suscribió la alianza, y otros rostros conocidos, como la asambleísta Valentina Centeno y la actual secretaria de la Administración de la Presidencia, Cynthia Gellibert.
La causa radicó en el despacho del juez electoral Patricio Maldonado, pero aún no se admite a trámite, pues concedió dos días término (días hábiles) para que Atamaint complete la denuncia. (I)
