Diez jueces anticorrupción piden a los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) que se tomen acciones para proteger su seguridad, recursos y logística que garantice el ejercicio de sus funciones, a propósito de las amenazas de muerte y aparentes presiones a la independencia judicial que advirtió el exjuez anticorrupción, Carlos Serrano.
El 22 de diciembre de 2025, diez magistrados de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, enviaron una octava carta de 22 páginas al presidente de la Consejo de la Judicatura, Mario Godoy y a los otros cuatro vocales, para que tomen acciones ante los desafíos que enfrentan diariamente.
Los jueces tienen jurisdicción nacional para conocer 44 tipos penales específicos relacionados con el crimen organizado, y pese a que han transcurrido más de tres años desde que se creó esta unidad, las respuestas han sido “asimétricas”.
“Somos conscientes que implementar lo propuesto requiere apoyo de otras instituciones del Estado, pero también de la cooperación internacional. Sin embargo, según el informe de ejecución presupuestaria del periodo abril-junio de 2025, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se desprende que el Consejo de la Judicatura no pudo ejecutar $11’5 millones, sumando $5’3 millones que el Ministerio le retiró por falta de ejecución”, señala el documento, en el que se sugiere que esos recursos pudieron ser usados para atender estas dependencias especializadas.
Esta no sería la primera vez que piden por atención, ya que se enviaron siete documentos tiempo atrás que no han sido atendidos.
“Se han limitado las ‘áreas técnicas’ a responder o que no se encuentra en su competencia o que no existe normativa interna ni recursos para atender nuestros pedidos; o, incluso no han sido respondidos”, se refiere.
Un pedido que sí tuvo atención es concederles acompañamiento de dos policías, pero sin recursos logísticos ni económicos, ya que los jueces cubren los gastos del personal de seguridad.
“Nuestros cargos son fuente de peligro y cada vez que pasa el tiempo, nuestra exposición pública y por ende, nuestra inseguridad aumenta”, reflexionan.
Desde la creación de la denominada Unidad anticorrupción, estos jueces han resuelto 3.300 causas de las 4.000 que ingresaron y que están enfocadas en delitos vinculados a la delincuencia organizada, tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, secuestro extorsivo, sicariato, lavado de activos e, incluso, garantías jurisdiccionales.
Piden que se mejore los lineamientos para los análisis de riesgo al que están expuestos, así como de las herramientas de teletrabajo, ya que la Dirección de Pichincha del CJ les permite el teletrabajo dependiendo su nivel de riesgo.
Por ejemplo, si hay un nivel de riesgo del 30 % un juez tendría ese mismo porcentaje de teletrabajo o, se le permite acogerse a esta herramienta si han presentado denuncias por intimidación o amenazas de muerte.
Relatan que se movilizan a su lugar de trabajo, ubicado en el Complejo Judicial Norte de Quito, “caminando, en transporte público” o taxis exponiéndose a riesgos que pueden ser evitados.
En cuanto a su seguridad personal, sugieren implementar planes de salud, seguros de vida, mejorar los salarios, el pago de viáticos; y, capacitación que permita la especialización de futuros jueces.
Enfrentan a diario problemas para llevar a cabo las audiencias telemáticas porque en las unidades provinciales no existe una óptima conexión de internet o no hay coordinación con el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para el traslado de los procesados.
Esta carta trascendió a raíz de la denuncia que hizo el exjuez Carlos Serrano, quien renunció a sus funciones y estaría fuera del país al recibir amenazas de muerte en las últimas semanas.
También porque se hizo público aparentes actos de presiones de funcionarios del Consejo de la Judicatura al exmagistrado, quien debía dar su resolución en un caso vinculado a delitos de narcotráfico y lavado de activos.
De este hecho se difundieron audios en los que, aparentemente, el director provincial de Pichincha del CJ y amigo personal del presidente Mario Godoy, Henry Gaibor, le habría insinuado que tome en cuenta los argumentos de la defensa del serbio Yezdimir Srdán, en el caso Euro 2024.
A raíz de esta alerta, se conoció que la esposa de Mario Godoy, Dolores Vintimilla, fue parte del equipo de defensa del serbio Srdán, a través de su bufete jurídico Invictus.
Las propuestas para dar seguridad y proteger a los jueces vienen de tiempo atrás.
La exvocal del CJ, Solanda Goyes, propuso en septiembre de 2025, en la primera gestión de Mario Godoy, que se desarrolle una política integral de seguridad.
Esta incluía proveer de un seguro de vida para los jueces, fiscales, directores provinciales y otros operarios judiciales.
Así también, que se elabore un protocolo para analizar y evaluar el riesgo de servidores judiciales con sistemas de alerta, rutas y respuestas inmediatas, que no tuvo acogida en Godoy.
Esa iniciativa se hizo a propósito del asesinato de la jueza María Belén Chérrez, en el cantón La Libertad en Santa Elena, el 28 de agosto pasado. (I)
