La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador,una de las dos acusadoras particulares en el caso Triple A, presentó una demanda de recusación contra la jueza anticorrupción Consuelo Tapia y pide que se separe del Tribunal de Juzgamiento que la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, conocerá, en audiencia de juzgamiento, la causa penal en la que se procesan a 22 personas naturales y jurídicas (empresas) por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
La recusación se presentó pocos días de que se instale en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la etapa de juzgamiento contra 16 personas naturales y seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Leonardo Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado. El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio como autores del delito investigado a diez personas naturales y seis empresas, mientras que otros seis procesados más fueron acusados en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
La jueza recusada fue colocada como reemplazo temporal del juez Carlos Serrano dentro del Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A. Consuelo Tapia se sumó a los jueces anticorrupción que integran la Sala de Juicio: Jorge Sánchez (ponente) y Gabriela Lara.
La notificación del reemplazo se hizo conocer en una providencia del 19 de diciembre pasado, dos días después de que el juez Serrano, el 17 de diciembre último, anunció que dejaba de asistir a su despacho, debido al riesgo que mantenía él y su familia al no tener seguridad y existir amenazas de muerte generadas en un caso por narcotráfico en el que se sentenció al serbio Yezdimir Srdán, quien fue identificado como la cabeza de una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas.
Con la colocación de la jueza Tapia, el Tribunal de Juzgamiento quedó completo y continuó vigente la convocatoria para instalar la audiencia de juicio este 24 de diciembre, a las 14:30, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte. Inicialmente estaba previsto que la etapa de juicio arranque el 21 de enero de 2026, pero el juez Sánchez, quien reemplazó en la ponencia al magistrado suspendido Christian Fierro, adelantó la fecha en aplicación del principio de celeridad.
Según Petroecuador, la recusación llega debido a que existiría duda razonable sobre la objetividad de la juzgadora, ya que, dice, “existe una alta probabilidad de que se haya incurrido en la emisión de criterios preventivos o consejos sobre el adn meritum de la causa”, afectando la independencia interna y externa que exige el debido proceso. La empresa pública también pidió que la jueza Tapia se excuse, pero, al ser una potestad de los jueces el excusarse, la magistrada se negó asegurando que no existen causales para hacerlo.
Que nos juzgue el pueblo, no tribunales con antecedentes comprobados de favorecer a delincuentes y mercantilizar la justicia. pic.twitter.com/DJohBASJMr
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 22, 2025
Desde el Tribunal de Juicio de Triple A se precisó que, conforme al artículo 26 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la recusación constituye una demanda que debe presentarse ante otro juzgador de igual nivel y materia. Si la recusación recae sobre un integrante de una sala o tribunal, la presentación se realiza ante los demás juzgadores que no estén recusados.
“Esta disposición no impone su tramitación en la causa principal, pues, de acuerdo con el artículo 141 del mismo código, todo proceso se inicia con la presentación de la demanda, de modo que la recusación puede iniciarse sin depender del expediente principal”, se indicó en una providencia del 23 de diciembre último.
En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diesel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61.502.658,39, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
A decir de la Fiscalía varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotrices, industriales y navieros.
El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. (I)
