Se ven. Se escuchan. Se mueven. Forman parte del 56% de energía renovable que España produjo el año pasado y de la vida de Atalaya del Cañavete, Cañada Juncosa y Tébar, tres pequeños pueblos de Cuenca que superan por poco los 500 habitantes. Allí, las hileras de las turbinas del mayor parque eólico del país, Gecama, camuflan el éxodo rural. Giran mientras su propietaria, la empresa israelí Enlight Renewable Energy, mantiene proyectos similares en la franja de Gaza y en territorios declarados ocupados según la ONU, pese a que España ha adoptado un embargo de armas a Israel y pese a los ataques sobre la población palestina con el alto el fuego vigente.
En julio, antes de que el Gobierno anunciara (a principios de septiembre) un paquete de medidas para vetar el comercio de armas con Israel y también el comercio con productos procedentes de territorios ocupados, el Ministerio para la Transición Energética autorizó un proyecto a la compañía, denunciada por más de 130 ONG por “lucrarse con el genocidio en Gaza”. Se trataba de la hibridación (producción de electricidad por varias vías) de los 69 aerogeneradores de Gecama en un plan de mayor escala. La ampliación, que incorporará paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento para proporcionar “energía limpia 24 horas a 100.000 viviendas”, se ampara en el plan español para la transición energética y elevará los ingresos de Enlight, que se embolsará 87 millones de euros anuales y cerca de 75 millones de ebitda, según los datos de la propia empresa.
Juan Miguel, un agricultor jubilado de Tébar (293 habitantes), recoge olivas a las afueras del pueblo. Convive con el zumbido diario de las turbinas que ocupan 8.000 hectáreas y producen 329 MW. Desde su finca, situada a los pies del parque eólico Las Lomillas, de propiedad europea con 19 aerogeneradores más pequeños, observa cómo ambos proyectos cercan el término municipal. “Estos llevan unos 12 años. Uno se acostumbra, pero rompen el paisaje”, dice señalando los molinos de Las Lomillas. “El ruido es insoportable cuando funcionan todos a la vez“, añade antes de compararlos con ”las enormes torres de hormigón» de Enlight.
La ampliación de Gecama duplicará a mediados de 2026 su producción hasta los 625 MW y superará las 8.000 hectáreas, según una nota de prensa de la compañía, aunque en la publicación del BOE del 14 de julio, donde se daba luz verde a la hibridación, no se especifica el espacio total que requiere. La ingeniera industrial Cristina Alonso, responsable del área de Justicia Climática de la plataforma Amigas de la Tierra, que envió una carta al Gobierno para reclamar el bloqueo de los proyectos de esta empresa israelí, como instó la ONU en septiembre de 2024, critica la incoherencia política y la falta de planificación en la transición energética. “Vetamos a los deportistas israelíes, pero mantenemos los acuerdos energéticos porque es un sector estratégico. Es responsabilidad del Estado decidir qué empresa participa en la transición energética”, afirma por teléfono Alonso, quien enfatiza que Enlight promueve “la economía del apartheid y la ocupación ilegal de Gaza”.
Este periódico ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la compañía Enlight donde trabajan más de 350 personas en todo el mundo, según un informe propio publicado en julio de 2025, que no desglosa cuántos corresponden a España. Además de invertir 310 millones de dólares en la hibridación de Gecama, la empresa opera en Israel —además de en los Altos del Golán, el mayor parque eólico en territorio ocupado reconocido por la ONU como parte de Siria, y en la franja de Gaza—, Italia, Croacia, Irlanda, Hungría, Serbia, Kosovo, Suecia y EE UU. En España, ha solicitado llevar a cabo más proyectos relacionados con la transición energética en zonas rurales de Huesca, Valencia y Andalucía, afirma Amigas de la Tierra. Según una nota de prensa de Enlight, Gecama, que el año pasado reportó a la compañía unos 50 millones de euros, desempeñará “un papel clave” en la transición energética y en la mejora del suministro en España tras el apagón de abril.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica ha eludido responder directamente y remiten a la decisión adoptada por el Consejo de Ministros la decisión sobre qué sectores quedarían afectados por el veto a Israel. El ministerio evita precisar si la energía verde debería quedar al margen de cualquier crisis diplomática o si romper acuerdos previos supondría pérdidas millonarias para España, como afirma Amigas de la Tierra. “El control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos corresponde al Consejo de Ministros a través de la Junta de Inversiones Exteriores”, señalan. En el caso de la autorización para hibridar el parque de Gecama, “en el procedimiento administrativo no tiene relevancia la nacionalidad de la empresa propietaria”, añade el ministerio que encabeza Sara Aagesen, que aclara que la aprobación responde únicamente a criterios técnicos y estratégicos.
La responsable de Justicia Climática de Amigas de la Tierra califica de “inadmisible” que España confíe sus recursos energéticos a “una empresa que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y que promueve el genocidio en Gaza”. Enlight facturó 399 millones de dólares (unos 344 millones de euros) en 2024. Alonso subraya que “la transición energética debe ser justa e ir de la mano de los derechos humanos. Por muy necesaria que sea la financiación privada o la hibridación de parques para combatir el cambio climático. Debemos abstenernos de contraer negocios con una empresa así, tal y como apoyamos la resolución de la ONU”, explica Alonso.
Sobre la ampliación de Gecama, la ingeniera cree que es un proyecto sobredimensionado. “Se dan golpes de pecho de que van a suministrar energía a 100.000 viviendas. Eso se podría hacer utilizando las cubiertas o los tejados sin ocupar suelo agrícola. La ampliación va en contra de una transición energética justa y es un claro ejemplo de greenwashing”, insiste la responsable de Amigas de la Tierra, quien cuestiona: “En las zonas rurales de la España vacía se concentran proyectos porque es más fácil expropiar y obtener lucro, sobre todo si son proyectos de menos de 49,5 MW, cuya competencia es autonómica“.
La financiación privada sostiene el despliegue renovable en España. Solo el año pasado, el Banco Europeo de Inversiones destinó 12.300 millones de euros para alimentar proyectos de energías limpias y baterías. Son apuestas que las autonomías consideran como motores de empleo en la vida rural. Para Juan Miguel, Gecama subasta una oportunidad lejos de la España vaciada. “Nadie ha durado mucho tiempo trabajando allí. Más de uno en el pueblo quiere que le pongan una turbina en su terreno, cobrar el dinero e irse de aquí”, dice mientras los molinos giran.
