“Ágil, seguro y mortífero”. Así describe Elbit Systems su último sistema de mortero para carros de combate, Ballesta. Es solo una de las últimas armas producidas para su mayor cliente, el Ejército de Israel, desplegado en la Franja de Gaza desde el ataque terrorista perpetrado por milicias de Hamás el 7 de octubre de 2023. Elbit también fabrica los drones Hermes 900 y Hermes 450, diseñados para realizar ataques quirúrgicos contra objetivos enemigos, como el que alcanzó un convoy de trabajadores de la ONG World Central Kitchen en Gaza y causó la muerte de siete cooperantes. O los Lanius, drones inteligentes concebidos para “cazar” objetivos en el interior de edificios.
Al menos 25 fondos de inversión disponibles en el mercado europeo han logrado invertir en Elbit Systems a través de productos catalogados como “sostenibles”, según un análisis de los datos de este mercado realizado por EL PAÍS junto a otros medios europeos. Solo en lo que va de 2025, estos fondos han destinado 22,7 millones de euros a la empresa, con sede en Israel, utilizando instrumentos financieros etiquetados como “Artículo 8” o “verdes”, es decir con un teórico objetivo de inversión sostenible conforme al Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). Y la operación ha resultado rentable: el precio de las acciones de Elbit Systems se ha duplicado desde octubre de 2023.
Otras dos compañías israelíes cuyas armas han sido utilizadas en la guerra de Gaza, Bet Shemesh Engines Holdings y FMS Enterprise Migun, también han captado más de medio millón de euros a través de este tipo de instrumentos financieros. En 2024 y 2025, a medida que avanzaba el conflicto, las inversiones calificadas como “sostenibles” en las tres firmas se han disparado.
Estos datos forman parte de una investigación sobre las inversiones que fondos catalogados como “sostenibles” por las normas europeas realizan en empresas vinculadas al sector armamentístico. El trabajo, que publican este miércoles varios medios comunitarios coordinados Voxeurop, revela que desde 2021 los fondos “sostenibles” —clasificados como Artículo 8 y Artículo 9— han triplicado sus aportaciones a compañías como Safran, Airbus, Rheinmetall, Leonardo o BAE Systems. Según datos extraídos del London Stock Exchange Group, una plataforma internacional de información financiera, estas inversiones han pasado de 14.500 a 49.800 millones de euros. Hay al menos 3.037 fondos que mantienen inversiones etiquetadas como “sostenibles” en alguna de las 118 mayores empresas armamentísticas del mundo. Además, documentos internos de la Comisión Europea muestran cómo las instituciones han ido asumiendo el discurso de la industria bélica, que presenta la seguridad y la defensa como elementos indispensables para un mundo más sostenible.
Desde la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) en marzo de 2021, los gestores de activos están obligados a informar sobre los riesgos y los impactos en materia de sostenibilidad de los productos que comercializan en Europa. Existen tres categorías: Artículo 9, o verde oscuro, con un objetivo explícito de inversión sostenible; Artículo 8, o verde claro, que se limita a promover características medioambientales o sociales; y Artículo 6, o amarillo, que no incorpora criterios de sostenibilidad. A mediados de este año, los activos combinados de los fondos clasificados como Artículo 8 y Artículo 9 sumaban 6,8 billones de euros, una cifra superior al producto interior bruto de Alemania.
Para que una inversión sea considerada sostenible, la normativa europea establece que no debe causar un perjuicio significativo a los objetivos de sostenibilidad. La Comisión Europea valida una lista de indicadores que pueden afectar a esa sostenibilidad: el sector militar solo aparece mencionado en relación con armas controvertidas como las minas antipersona, municiones en racimo, armas químicas y biológicas. Según la legislación vigente, el resto del material militar no se considera perjudicial de forma significativa. Quedan fuera, por ejemplo, los tanques, los drones armados, las municiones o las armas de fuego.
Este marco normativo permite así que los fondos coloquen la etiqueta de “sostenible” a empresas que participan activamente en la guerra de Gaza o en otros conflictos. El fondo BGF Climate Transition, del gigante de la gestión Blackrock, incluye a Elbit Systems entre las compañías a las que canaliza inversiones de ahorradores europeos, al igual que el fondo ESG Optimized del banco VP Bank en Alemania, entre otros. Ninguno de los fondos interpelados ha querido contestar a las preguntas de esta investigación.
No se trata de la primera duda que suscita el sistema de etiquetado europeo, diseñado en 2021 en plena expansión del interés inversor por los productos sostenibles. Como publicaron EL PAÍS y otros medios europeos hace un año, el 43% de los fondos de inversión europeos que incorporan en su denominación términos como “verde”, “sostenibilidad” o similares destinan parte de su dinero a empresas que obtienen beneficios del carbón, el petróleo o el gas.
El nuevo análisis revela ahora que también la guerra puede colarse bajo el paraguas de la sostenibilidad, con el argumento de que sin seguridad no puede haber desarrollo sostenible. Como resume Jordi Calvo, investigador del Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs, esta situación pone en entredicho toda la estrategia europea de inversiones sostenibles: “Incluyendo cualquier actividad, incluida la industria armamentística, bajo la etiqueta de sostenible, los criterios sociales y de sostenibilidad se vacían de sentido y pierden toda utilidad para la ciudadanía y para los clientes que demandan inversiones responsables”.
“Sin seguridad, no hay sostenibilidad”
Desde la entrada en vigor del SFDR, en 2021, la industria de la defensa ha trabajado para presentarse como un sector compatible con la inversión sostenible. En octubre de ese año, la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y de Defensa (ASD) publicó un artículo que dejaba constancia de esa estrategia. “La defensa es un componente crucial de la seguridad, y la seguridad es un requisito previo para la paz, la prosperidad, la cooperación internacional y el desarrollo económico y social”, escribió su entonces secretario general, Jan Pie. “Al ayudar a garantizar la seguridad, los fabricantes europeos de defensa contribuyen de facto de manera vital a un mundo más sostenible”, concluía.
Esta narrativa también se ha difundido a través de iniciativas nacionales. En marzo de 2021, un grupo de representantes de la industria de defensa de Alemania, Finlandia, Francia, Bélgica, Países Bajos y Noruega publicó una declaración titulada «No hay sostenibilidad sin una industria de defensa y seguridad» que reproducía los mismos argumentos y el mismo lenguaje que el artículo de la ASD. Deborah Allen, directora de Clima, Medio Ambiente e Infraestructura de la multinacional británica BAE Systems, utilizó ese mismo razonamiento en una entrevista: “Sin seguridad, no hay sostenibilidad”.
Para acceder al mercado de las inversiones sostenibles, la industria necesitaba trasladar ese discurso directamente a las instituciones europeas responsables de regular las normas y el etiquetado de los instrumentos financieros. Las actas de las reuniones entre los grupos de presión del sector y la Comisión Europea, obtenidas por este periódico tras una larga y compleja solicitud de acceso a la información pública, muestran cómo ese mensaje llegó al seno del Ejecutivo comunitario y cómo parte de ese discurso fue asumido por la institución.
“El hecho de que los productos financieros verdes excluyan cada vez más a la defensa y reduzcan el acceso a la financiación es un problema”, se quejaban los lobistas de la ASD en una reunión celebrada en marzo de 2021. En noviembre, Alessandro Profumo, consejero delegado de Leonardo (empresa italiana fabricante de munición de artillería de largo alcance y sistemas avanzados de artillería naval) se reunió con Timo Pesonen, director general de Defensa e Industria Espacial de la Comisión Europea. En ese encuentro, cuyas actas también han sido consultadas, Profumo se dijo “preocupado por el hecho de que la industria de la defensa esté excluida de la taxonomía de la UE para actividades sostenibles”.
La taxonomía a la que se refiere es la clasificación comunitaria que establece qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles y, por tanto, susceptibles de ser priorizadas en las políticas públicas y en la orientación de los flujos financieros. A comienzos de 2022, un informe de expertos que asesoraba a la Comisión sobre dicha taxonomía dejó claro que las armas no debían formar parte de los sectores prioritarios ni ser elegibles dentro de los criterios que orientan las inversiones sostenibles. Pero entonces llegó la invasión rusa de Ucrania.
Del lobby a los documentos oficiales europeos
Tras los primeros movimientos de tanques de Putin hacia suelo europeo, las instituciones comunitarias empezaron a mostrarse más proclives a abrir la puerta de las finanzas sostenibles a la industria bélica. El proceso no se dio solo, sino que los grupos de presión jugaron un papel clave, como muestran los archivos obtenidos para esta investigación así lo demuestran.
Una semana antes del inicio de la guerra, una comunicación interna de la Comisión al Parlamento Europeo reclamaba con urgencia más fondos para el sector de la defensa. Ante una amenaza que “perturba, divide y redefine la arquitectura de seguridad en Europa”, señalaba el texto, era necesario “garantizar que otras políticas horizontales, como las iniciativas sobre financiación sostenible, sigan siendo coherentes con los esfuerzos de la Unión Europea por facilitar a la industria europea de la defensa un acceso suficiente a la financiación y la inversión”.
A finales de ese año la ASD celebraba que la guerra estuviera reforzando las posiciones de su sector incluso en el ámbito financiero: “Desde la invasión rusa de Ucrania, los precios de las acciones de las empresas europeas de defensa, anteriormente deprimidos, se han recuperado considerablemente”. En una nota interna, sugirió que la Comisión y las autoridades europeas pertinentes emitieran directrices para aclarar que los gestores de activos no deben revelar los impactos negativos de las inversiones en empresas europeas de defensa a menos que participen en las cuatro categorías de armas controvertidas ya mencionadas.
Un año más tarde, la Comisión plasmó la posición de la industria en una nota oficial de la Comisión, publicada en el Boletín Oficial de la Unión, sobre la interpretación de algunos aspectos técnicos de las actividades sostenibles: “La Comisión reconoce la necesidad de garantizar el acceso a la financiación y la inversión, incluida la del sector privado, para todos los sectores estratégicos, en particular la industria de defensa, que contribuye a la seguridad de los ciudadanos europeos”.
Este proceso culminó en 2024 con la Estrategia Europea de la Industria de Defensa. En este documento, la Comisión señala que no existen normas que prohíban la inversión en el sector militar y repite el eslogan acuñado tres años antes: “La industria de defensa de la Unión contribuye de manera crucial a la resiliencia y la seguridad de la Unión y, por lo tanto, a la paz y la sostenibilidad social. En este contexto, el marco financiero sostenible de la UE es plenamente coherente con los esfuerzos de la Unión por facilitar el acceso suficiente de la industria europea de defensa a la financiación y la inversión. No impone ninguna limitación a la financiación del sector de la defensa”.
En opinión Attiya Warris, experta de la ONU en finanzas internacionales, “la afirmación correcta sería la contraria: no hay sostenibilidad sin paz. Proporcionar medios que pueden dar lugar a asesinatos ilegales, ya sea mediante el suministro de armas o el apoyo financiero, no es seguridad”, añade.
No han faltado las voces críticas con este proceso incluso dentro del sector financiero. Uno de ellos es Tommy Piemonte, entonces director general en un pequeño banco alemán. Durante un acto organizado por la Comisión Europea sobre la nueva estrategia de defensa, en presencia de representantes comunitarios, directivos de las empresas de armas y representantes de las grandes firmas de inversión, lanzó una pregunta: “¿Por qué creen que es tan importante para la industria armamentística ser etiquetada como sostenible?”
Como respuesta, se le expulsó de la reunión, como muestran las grabaciones del acto. Confirma lo ocurrido también Andrea Baranes, presidente de la Fundación Finanzas Éticas, que también asistió al encuentro: “Casi todos los ponentes repetían el mismo eslogan: «No hay sostenibilidad sin seguridad». Era un intento explícito de demostrar que las finanzas sostenibles son compatibles con el sector de la defensa”. Baranes, crítico con la actuación de la Comisión, resume su sentir durante ese encuentro con una imagen elocuente: “Me sentía como un vegetariano al que sirven un filete en un restaurante argumentando que a partir de ahora todos los filetes son vegetarianos”.
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Esta investigación se ha realizado en colaboración con Voxeurop, IrpiMedia e Mediapart. Ha sido financiada con una beca de Investigative Journalism for Europe.
