El asambleísta Christian Hernández Yunda, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), completó la información solicitada por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de siete ministros de Estado por violar el silencio electoral en el proceso de referéndum y consulta popular del 16 de noviembre pasado.
Los denunciados son Harold Burbano, ministro del Trabajo; Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción; Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones; Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano; Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía; y, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.
Hernández explicó que el juez deberá calificar las demandas electorales y luego se convocará a audiencias para la práctica de la prueba, para lo cual, dijo, presentó dos elementos probatorios: el primero, el calendario que publicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se aclara que entre el 14 y 16 de noviembre de 2025 corría el silencio electoral.
El segundo elemento, es la materialización de mensajes difundidos en la red social X, de cada ministro de Estado, el día 15 de noviembre induciendo el voto por el sí en la consulta popular.
El juez electoral en la audiencia tendrá que probar y practicar la prueba y según el asambleísta Hernández, no hay mucho litigio, porque es evidente que los siete ministros violaron el silencio electoral.
Señaló que más que una multa o suspensión de sus derechos políticos, en la denuncia solicita que los siete ministros de Estado ofrezcan disculpas públicas en la misma red social en la que infringió el silencio electoral y que dicha disculpa se mantenga publicada al menos por cinco años.
Acusación
El asambleísta Hernández en la denuncia se respalda en lo dispuesto en el artículo 207 del Código de la Democracia, que ordena que 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17:00 del día del sufragio queda prohibida la difusión de opiniones, en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. El incumplimiento de estas disposiciones constituirá infracción electoral que será sancionada de conformidad con la ley.
Sostiene que cada ministro denunciado violó flagrantemente la prohibición establecida en el artículo 207 del Código de la Democracia, se permitió, “sin vergüenza alguna”, difundir un mensaje en su cuenta del medio digital o red social X (antes Twitter) que contenía su opinión induciendo indudablemente a los electores sobre una posición o preferencia electoral, específicamente por la opción sí, en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
Por lo tanto, la conducta de los denunciados constituye un serio agravio en contra de la democracia, régimen jurídico electoral y los derechos humanos de los ciudadanos, específicamente lo dispuesto en el artículo 23 número 1) letra b. de la Convención Americana de Derechos humanos, que garantiza el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, puesto que sin lugar a duda el acto denunciado es una violación flagrante a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de la Democracia y en consecuencia debe ser sancionado según lo dispuesto en el artículo 291 numeral 2.
Los casos son tramitados en el TCE, en procesos separados y con distintos jueces. La denuncia contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lo tiene el juez Joaquín Viteri. El caso de la ministra Inés Manzano y el de Luis Alberto Jaramillo lo llevará el juez Ángel Torres. El de la ministra Zaida Rovira y el de Harold Burbano lo procesa la jueza electoral Ivonne Coloma. El proceso contra el ministro Roberto Kury lo tiene el juez Guillermo Ortega; y la denuncia contra el ministro Roberto Luque la estudia el juez electoral Juan Patricio Maldonado. (I)
