El debate sobre el oro, un activo estratégico en tiempos de incertidumbre económica, ha abierto frente entre Roma y las instituciones europeas. El objeto del pulso entre el partido ultraderechista de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el Banco Central Europeo (BCE) son las reservas masivas de casi 2.500 toneladas de oro del país. Hermanos de Italia propone declarar esas reservas como “propiedad del Estado en nombre del pueblo italiano”. La medida, presentada como una enmienda a la ley de Presupuestos, ha despertado de inmediato los recelos del BCE, que teme que vulnere la independencia del Banco de Italia y contravenga los tratados europeos, disparando de nuevo la tensión entre la soberanía nacional y las reglas de la eurozona.
Italia es desde hace décadas una silenciosa potencia en reservas de oro. Con 2.452 toneladas, es el tercer país del mundo con mayor volumen después de Estados Unidos y Alemania (ocuparía el cuarto puesto si se incluye al Fondo Monetario Internacional). Este inmenso patrimonio, compuesto principalmente por lingotes y, en menor medida, por monedas, está valorado en más de 280.000 millones de euros, con el precio del metal precioso en continuo aumento. Su función es la misma que para todos los bancos centrales: reforzar la confianza en el sistema y en la moneda. Antes, la lira, ahora, el euro. Está bajo custodia y gestión del Banco de Italia, pero integrado en el Eurosistema (el organismo que agrupa al BCE y a los bancos centrales nacionales) como respaldo del conjunto de la Unión Monetaria.
La propuesta del grupo parlamentario de Meloni, Hermanos de Italia, no plantea explícitamente vender el oro ni usarlo para gasto público por el momento, sino que es una mera “declaración de principios”, en palabras de sus promotores, para reafirmar que el oro de la discordia pertenece a la nación. El senador Lucio Malan, que formalizó la propuesta, ha insistido en que “es importante establecer quién es el propietario de esas reservas: el pueblo italiano, a través del Estado”. El Banco de Italia está legalmente vinculado al BCE y el Eurosistema desde 1999, y su consejo de gobierno lo nombra el poder ejecutivo, pero al contrario de otros bancos centrales, nominalmente es de capital privado, y sus accionistas son los bancos comerciales del país.
Así, para el partido de Meloni, la iniciativa es un acto de soberanía simbólico. Para el Banco Central Europeo, abre la puerta a interferencias políticas que podrían poner en duda la solidez del sistema justo en un momento de vulnerabilidad económica. El BCE ha emitido una opinión pública en la que declara que “no está claro cuál es el objetivo concreto de la propuesta” y que “a falta de explicaciones sobre su finalidad”, pide a Italia que la reconsidere. El documento advierte de que cualquier cambio legal que afecte a la titularidad, gestión o disponibilidad del oro podría vulnerar la normativa europea que protege la independencia de los bancos centrales.
Los tratados de la Unión Europea establecen que la gestión de las reservas de los bancos centrales (de la que se pueden ocupar tanto el BCE como los bancos nacionales) debe estar sujeta al funcionamiento del euro y a la política monetaria, que son competencias exclusivas de la Unión. La autoridad de Fráncfort ha apelado, entre otros, al artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que, en el desempeño de la función de mantener y gestionar las reservas de oro, ni el BCE, ni un banco central nacional, ni ningún miembro de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de los Gobiernos de los Estados miembros.
La opinión emitida por el BCE, firmada por la presidenta Christine Lagarde, refleja el enredo institucional que ha provocado la enmienda: Malan la presentó sin consultar al supervisor monetario europeo, pese a tratarse de un asunto de su competencia. Y no solo eso. Este planteamiento reaviva una vieja batalla de la derecha italiana que se remonta a los tiempos en que Hermanos de Italia exhibía abiertamente sus posiciones antieuro. Aunque la propuesta no tenga efectos inmediatos sobre las finanzas públicas, ha permitido a la formación ultraderechista reactivar su viejo discurso sobre la soberanía de las reservas.
En un país con una deuda pública superior al 135% del PIB, la mera idea de alterar el marco de gestión de las reservas de oro genera inquietud entre analistas e inversores. No es la primera vez que un Gobierno italiano apunta hacia el oro: en 2019 ya hubo un intento de legislar sobre su propiedad, también criticado por Fráncfort.
El Gobierno de Meloni ha restado importancia a la polémica, y la presión europea complica que la propuesta pueda seguir adelante tal y como está planteada. La opinión generalizada en el país transalpino es que, para evitar un choque mayor con las instituciones de la UE, el Ejecutivo terminará retirando la enmienda. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti —miembro de la Liga, un partido también antaño euroescéptico— emitió una opinión técnica en la que cuestionaba la conformidad de la medida con la normativa europea. Fue él quien consultó al BCE sobre la cuestión, aunque lo hizo después de que la enmienda se hubiera formalizado y no antes.
Durante la audiencia en el Parlamento Europeo de esta semana en Bruselas, Lagarde, interrogada por el eurodiputado del Movimiento 5 Estrellas Pasquale Tridico, insistió en la importancia de la medida: “No es una cuestión trivial, Italia es el tercer poseedor de oro entre los bancos centrales. El Banco de Italia tiene el deber de mantener y gestionar esas reservas”.
Guido Liris, relator de Hermanos de Italia para la ley de presupuestos, ha confirmado que Giorgetti reformulará la propuesta mediante un malabarismo político que tenga en cuenta tanto las consideraciones del BCE como la afirmación soberanista de que el metal más preciado pertenece “al pueblo italiano”. La propia Meloni, que sustituyó en el cargo a Mario Draghi, antecesor también de Christine Lagarde en la presidencia del BCE, ha optado por mantener un perfil bajo, mientras su círculo trata de quitar hierro al asunto. Según el responsable del programa electoral de Hermanos de Italia, Francesco Filini, hay un “alarmismo sorprendente” en torno a la propuesta. Para Malan, las observaciones de Lagarde resultan “curiosas”.
La oposición ha criticado la enmienda como un movimiento “inútil en el plano económico” que, en palabras del portavoz del grupo del Partido Democrático en el Senado, Francesco Boccia, “abre un conflicto institucional con el BCE” porque atenta contra la independencia del banco central. En la misma línea, el responsable de Economía de la formación, Antonio Misiani, calificó la iniciativa como la “reaparición de una vieja bandera ideológica” de la derecha y defendió que es “técnicamente insostenible”.
