Treinta años después de que los principales partidos de este país se reunieran en el Parador de Toledo para proteger algo tan básico como la dignidad de nuestras pensiones, asistimos a un fenómeno tan preocupante como sorprendente: hay formaciones políticas dispuestas a dinamitar ese consenso histórico.
Lo vemos cuando votan en contra de la revalorización anual conforme al IPC, y lo escuchamos cuando repiten que el sistema no es sostenible pese a que los datos, los informes independientes —incluido el de la AIReF— y la realidad económica del país dicen exactamente lo contrario.
No vivimos en la España de 1995, aquella sumida en una recesión profunda. En 2025 somos una economía que crece por encima de los países de nuestro entorno, con cifras históricas de empleo y un mercado laboral que roza los 22 millones de afiliados, ocho millones y medio más que hace 30 años.
Sin embargo, en lugar de celebrar que el sistema responde, algunos prefieren construir un relato de derrumbe inminente que llevamos escuchando desde la década de los 80.
Y aquí conviene decirlo con claridad: los ataques al sistema público de pensiones no son inocuos. No se trata de un debate técnico más. Estamos hablando del bienestar y la tranquilidad de 9,4 millones de personas que hoy cobran una pensión y de todos los que lo harán mañana. Quienes ponen en duda la sostenibilidad del sistema, quienes se niegan a apoyar la revalorización de las pensiones, tienen un objetivo claro: alimentar la incertidumbre de millones de hogares.
Frente a esa actitud, conviene recordar de dónde venimos. El Pacto de Toledo nació para blindar el sistema frente a los vaivenes políticos y garantizar su estabilidad a largo plazo. Funcionó en 1995, en 2003, en 2011 y volvió a funcionar en 2020. Ha habido excepciones. Por ejemplo, la fallida reforma de 2013, impulsada por el Partido Popular, que congeló las pensiones y acabó siendo revertida por poner en riesgo el poder adquisitivo de quienes ya no tienen margen para reaccionar al respecto. Una reforma que el propio Pacto de Toledo calificó en 2020 de escaso “consenso político y social”.
Hoy, por el contrario, la senda es clara. En enero, si se mantiene la previsión, las pensiones se revalorizarán un 2,7 % conforme al IPC. Como marca la ley, como defiende el Pacto de Toledo, y como exige cualquier sociedad que respete a quienes han trabajado toda su vida. Esa votación en el Congreso será una prueba de responsabilidad para todos los grupos parlamentarios.
Espero que, este año, el Partido Popular deje de hacer promesas vacías en actos electorales sobre la subida de las pensiones y se implique, con sus votos a favor donde debe hacerlo: en el Congreso de los Diputados. Espero que no sometan a los pensionistas a la angustia del año pasado en una primera votación —en contra— que quitó el sueño a muchas personas.
Yo les digo que podemos ser optimistas con el futuro porque los datos del presente nos permiten serlo. Las reformas ejecutadas en los últimos años, el dinamismo del mercado laboral, la mejora de la calidad del empleo y el impacto positivo de los flujos migratorios son pilares reales, medibles y sólidos.
Son estos elementos —no el ruido ni los discursos tremendistas— los que permiten mirar a las próximas décadas con confianza, incluso ante el reto demográfico de la jubilación de la generación nacida a partir de los años 60.
Nuestros jóvenes saben que sus abuelos merecen pensiones suficientes y dignas. Pero también necesitan la certeza de que ellos mismos podrán acceder a una pensión justa cuando les llegue el momento. Esa es la verdadera misión del Pacto de Toledo: ofrecer certidumbre. Y por eso es tan grave que haya partidos dispuestos a ponerla en riesgo por un cálculo electoral.
Dejemos atrás los alarmismos interesados. Regresemos al consenso que ha permitido a España tener uno de los sistemas de pensiones más sólidos y justos de Europa. Porque proteger el Pacto de Toledo hoy es garantizar que dentro de treinta años no tengamos que defenderlo, sino simplemente celebrarlo. Porque protegerlo hoy significa que las pensiones dignas no se discuten, simplemente se garantizan.
Elma Saiz es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
