Alemania afronta con cautela y sin prisas los cambios en el sistema de pensiones públicas ante el envejecimiento de la población. El Bundestag adoptó este viernes un proyecto que aplaza hasta 2031 cualquier bajada en el nivel medio de las pensiones y, a partir de esa fecha, atenúa su descenso. La ley para “estabilizar el nivel de las pensiones” contó los votos de la derecha moderada y los socialdemócratas, y la abstención de la izquierda radical.
La iniciativa, impulsada por la coalición con los socialdemócratas del SPD que lidera el canciller democristiano Friedrich Merz, había colocado el Gobierno al borde de una crisis. Las juventudes de la CDU, el partido de Merz, amenazaron con rebelarse contra la ley. Argumentaban que el plan evita la reforma necesaria para adaptar el sistema al cambio demográfico, y que favorece a las generaciones mayores en perjuicio de los más jóvenes.
El llamado Rentenpaket o “paquete de las pensiones” se adoptó con 319 a favor, tres votos más que la mayoría absoluta de escaños. Votaron en contra 225 diputados y se abstuvieron 53. Votaron en contra la extrema derecha de AfD, primer partido de oposición, y Los Verdes.
Al final, le bastaron a Merz, para alcanzar la mayoría, los votos de su coalición, formada por la CDU, su hermana bávara CSU y el SPD. Se disipó así la incertidumbre de los últimos días. Un grupo de diputados democristianos, identificado con las juventudes del partido, había amenazado con votar en contra. De haberlo hecho todos los diputados de este grupo, habrían podido abortar la iniciativa y demostrado la debilidad del Gobierno.
Antes de la votación, el partido de izquierdas Die Linke anunció que se abstendría. Esta abstención prácticamente garantizaba la adopción de la ley, aunque diputados democristianos hubiesen votado en contra. Si esto hubiera sucedido y la formación poscomunista hubiera salvado a Merz, este habría quedado en mala posición. Die Linke, a fin de cuentas, es un partido al que, como a la extrema derecha de AfD, los democristianos vetan por principio a la hora de llegar a acuerdos.
El contrato de coalición entre la CDU/CSU y el SPD, aprobado en abril, fijaba hasta 2031 en un 48% del salario medio del país el llamado nivel de las pensiones, que se usa para calcular el montante de la jubilación. Este calendario ya suponía, según los críticos, mantener el nivel artificialmente elevado. Según este argumento, debería reducirse por debajo de este nivel durante este periodo, debido a la evolución demográfica, con menos trabajadores y más jubilados.
El debate, sin embargo, se ha centrado en el ritmo de la reducción del nivel a partir de 2031. Se trataba de saber si, a partir de esta fecha, se calculará la evolución de las pensiones a partir de la base del 48%. O si, al contrario, se calculará a partir del 47%, el nivel en el que se encontraría si no se hubiese mantenido artificialmente en el 48% hasta 2031. Acelerar la reducción era el objetivo de los críticos en la CDU. Sostenían que, con los planes del Gobierno, el coste adicional será de 120.000 millones de euros hasta 2040.
Puede parecer una cuestión técnica y de detalle, y es cierto que está lejos de las reformas del pasado en Alemania ―o muy actuales en la vecina Francia― sobre el aumento de la edad de jubilación. Si ha suscitado debates tan apasionados es porque toca cuestiones fundamentales, como la sostenibilidad de las pensiones o la equidad entre las generaciones. En 1991, un 15% de la población alemana era mayor de 65 años; ahora es un 23%.
“El cambio demográfico no esperará hasta las próximas elecciones”, avisó, durante el debate parlamentario, Pascal Redding, presidente de grupo de diputados jóvenes de la CDU/CSU. Redding anunció que él no votaría a favor. Y exigió que, tras la adopción de la iniciativa, se encare “una verdadera reforma de las pensiones”.
El paquete de las pensiones incluye otras medidas como la ampliación de la pensión por maternidad, impulsada por la CSU bávara, o la llamada pensión activa, que permite a los jubilados que deseen seguir trabajando ingresar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos. También permitirá a los menores, a partir de 6 años, recibir del Estado 10 euros al mes para ingresar en un depósito en previsión de la vejez.
El Consejo de Ministros adoptó la ley en agosto, pero hasta diciembre se ha mantenido el suspense sobre si podría aprobarse, y no por los votos en contra de la oposición sino del partido del canciller. Algunos democristianos cuestionaban la capacidad de Merz de impulsar, como prometió, reformas de calado en un país con la economía estancada, la industria en crisis y un déficit creciente.
