La industria química, que genera 1,09 millones de empleos en España entre directos, indirectos e inducidos y que se consolidó en 2024 como el tercer sector más exportador, solo por detrás de alimentos y bienes de equipo, con 59.166 millones de euros, ha encendido las señales de alarma ante un escenario económico en el que se ha producido la tormenta perfecta. Por un lado, un encarecimiento sin precedentes de la luz, que arrancó en 2021 con el alza del coste del gas y de los derechos de CO2, y que continuó en los años posteriores con la entrada sin control de productos chinos y turcos subvencionados a la UE, lo que ha generado una pérdida de competitividad para el sector.
Si bien la industria farmacéutica y la química de consumo (cosmética, detergentes o pinturas), no se han visto afectadas por ese doble impacto, la química básica sí se ha visto perjudicada con parones selectivos de la producción desde 2023. En este último subsector hay tres grandes grupos de productores en función de su cifra de negocio. Por un lado, los dos grandes productores nacidos en España como Moeve (antigua Cepsa) o Repsol, que solo entre las dos facturan en torno a 3.500 millones de euros cada uno de ellos. En segundo lugar, grandes multinacionales extranjeras como Dow Chemical, DuPont, Covestro o BASF; y, en tercer lugar, un grupo de empresas españolas que facturan en torno a 1.000 millones cada una de ellas como Fertiberia, Ercros y Quimidroga.
“Son perfiles de grandes empresas, con miles de empleados, con varios centros de producción que son especialmente importantes para las economías locales por la actividad que generan, como sucede con el centro de pinturas de BASF, que seguramente sea el centro industrial más importante de toda Guadalajara”, señala Juan Antonio Labat, director general de Feique, la patronal que engloba a 500 empresas del sector.
En una entrevista con Cinco Días, reconoce que muchas de esas empresas han dejado de ser competitivas y que estarían sopesando, por un lado, deslocalizar producción hacia otros países con un precio de la luz más competitivo y también paralizar los multimillonarios planes de inversión que tienen previstos en España y que suman 26.000 millones de euros para los próximos diez años y 65.000 millones para los próximos 25 años. Labat detalla que la industria química tiene previsto invertir 2.200 millones al año hasta 2050, a lo que habría que sumar otros 400 millones anuales para descarbonizar. “Perder una empresa de esas características supone perder una parte muy importante de la economía local. Así sucedió con el cierre de Alcoa en Lugo, de la que dependía un 30% de las empresas locales. También es relevante el caso de Atlantic Copper en Huelva, de la que dependen directa o indirectamente más de 500 empresas”, explica.
Identificado el riesgo, la patronal ha diseñado un plan de choque para evitar esa deslocalización masiva de producción y empleo con dos grandes ejes: una reducción significativa del precio de la luz y la imposición de contingentes arancelarios y de aranceles al producto chino y turco que entra en la Unión Europea subvencionado y con unos costes laborales y requerimientos medioambientales muy inferiores a los europeos.
Labat hace especial énfasis en la rebaja del precio de la luz y toma como referencia el informe Draghi para revitalizar la industria europea, que apuesta por la bajada de impuestos. “Somos el único país europeo que tenemos un impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica desde 2012. Se creó para acabar con el déficit de tarifa y aunque está previsto que desaparezca en 2028, queremos que desaparezca ya o al menos que se fije un calendario progresivo para su desaparición. Eso daría certeza a las empresas”.
En segundo lugar, el director general de Feique aboga por acabar con el impuesto que grava el consumo de electricidad, con un tipo medio del 5,11%, y rebajarlo al 0,5%, el mínimo permitido por el Consejo Europeo. “Aunque la industria electrointensiva ya tiene una reducción del 85%, esa rebaja sí afectaría a otras industrias como la automoción, los alimentos o el textil”. En cuanto a los peajes, el plan exige una reducción del 80% que sea estructural y que no dependa de negociaciones anuales, mientras que para los servicios de ajuste, las medidas garantizadas tras el apagón de abril, piden que se rebaje la factura y que se introduzcan no a precios de mercado, sino a través de peajes. “El importe ha subido en torno a 1.500 millones de euros porque se está tirando de gas e hidráulica de bombeo, que son las más rápidas, pero también las más caras”, avisa.
