Un plazo de 30 días a partir de la publicación de los resultados de la consulta popular en el Registro Oficial tendría el presidente de la República, Daniel Noboa, para enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que aterrice la pregunta relacionada con la prohibición de que se use el nombre, la imagen, la voz o el apoyo de personas con sentencias ejecutoriadas por delitos contra la administración pública.
