En 2008, los constituyentes propusieron la creación de una Corte Constitucional que represente mucho más que un cambio cosmético respecto al antiguo Tribunal Constitucional (TC). La nueva institución fue concebida como un órgano absolutamente independiente de las demás funciones del Estado, con autonomía administrativa y financiera, y con la capacidad de emitir fallos y sentencias de última instancia, vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
