Las enmiendas a la reducción de jornada no se votarán el próximo martes 22 de julio, como estaba previsto en los planes del Ministerio de Trabajo. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz confirman que cambian la hoja de ruta porque, de momento, no han conseguido amarrar el respaldo de Junts y “no se dan las condiciones” para ese debate parlamentario por la presunta corrupción que afecta a ex altos cargos del PSOE y el encarcelamiento del ex número tres socialista, Santos Cerdán. A la vez, Trabajo aprovecha para dejar claro que la negociación va por buen camino y lo hace con un comunicado “consensuado”, según el ministerio, con Junts. El grupo de Carles Pugidemont matiza que es un comunicado “del Gobierno”.
La caída de la que es la norma estrella de Sumar esta legislatura habría supuesto también un mazazo para el PSOE en un momento especialmente complejo para el partido, que atraviesa una profunda crisis de confianza por el caso de corrupción que salpica a su último secretario de Organización, en prisión preventiva desde hace dos semanas implicado en el caso Koldo.
En un momento en el que Pedro Sánchez intenta rearmar la mayoría de investidura y demostrar que puede aguantar hasta 2027, el voto en contra de Junts (cuyo apoyo es imprescindible para el éxito de la medida) daría al traste con sus planes. Supondría también un golpe muy duro para la vicepresidenta Yolanda Díaz y el espacio político que lidera, a la baja en las encuestas, con la izquierda dividida y sin que esté definido el liderazgo para las próximas generales.
Fuentes de Trabajo consideran que no se dan las “condiciones objetivas” para afrontar el debate “más importante de la legislatura”. Ven contraproducente que se produzca “en un marco de clima de corrupción” y opinan que la conversación giraría en torno a “elementos externos” a la reducción de jornada. Es decir, que las posiciones de los partidos se interpretarían como “si se apoya o no al Gobierno” en vez de sobre la medida en sí. En resumen, “un secuestro del debate parlamentario”.
El Ministerio de Trabajo ha distribuido un comunicado que, dice, ha consensuado con Junts, aunque el grupo catalán subraya que es “un comunicado del Gobierno”. Con fecha de este martes, da cuenta de una reunión entre los negociadores del departamento y de Junts mantenida hoy. “La reunión es continuidad también de los trabajos que el Ministerio y Junts per Catalunya vienen desarrollando a varios niveles”, manifiesta la nota del ministerio. Indica que en el encuentro de Junts ha recordado “su interés” en proteger “a las pymes, autónomos y trabajadores” de Cataluña, “que se enfrentan a diario con impedimentos que dificultan su actividad y crecimiento”.
“En todo caso, para Junts, la ley no es posible sin consenso; debe ser una oportunidad para las pymes y que recoja todas las peticiones algo que requiere, en todo caso, de tiempo y seguir trabajando”, añade el comunicado. Trabajo se agarra a estas últimas palabras para sostener que la formación independentista pide tiempo para seguir negociando y su intención de continuar con la conversación.
“Por ello, y dado que se trata de una medida importante para el Gobierno español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido dar más tiempo a estos trabajos para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones”, abunda el comunicado.
Sin equilibrios
Junts, a la vez que negocia con Trabajo, mantiene la enmienda a la totalidad. En ella, el grupo catalán subraya algunas deficiencias de la economía española, como la tasa de paro juvenil o la “falta de estrategia” para generar valor añadido. “Fiar la solución a la reducción por ley de la jornada laboral puede conllevar el efecto contrario al deseado más cuando los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas”, sostiene el grupo catalán.
El ministerio dice que este aplazamiento no impide que la reducción de jornada entre en vigor en los plazos previstos, es decir, que el recorte de 40 a 37 horas y media aplique antes de que acabe 2025. El Gobierno ya falló ante el primer plazo anunciado y comprometido en el pacto PSOE-Sumar, las 38 horas y media en 2024, pero espera cumplir con las 37 y media antes de que acabe este año. La norma tiene el respaldo de los sindicatos, pero no de las patronales, uno de los aspectos más criticados por los grupos de derechas del Congreso, que suma mayoría absoluta en el Legislativo.
