Pese a que era de interés de la Fiscalía, la Procuraduría General y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el conocer el resultado de la audiencia de apelación a los siete sobreseimientos emitidos en el caso Reconstrucción de Manabí y con ello el día martes, 17 de junio próximo, se realice una sola audiencia de juzgamiento con todos los involucrados, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Felipe Córdova (ponente), Daniella Camacho y Manuel Cabrera, decidió reinstalar la diligencia el próximo lunes 16 de junio, a partir de las 14:00.
La tarde del pasado miércoles se instaló la audiencia para apelar los sobreseimientos emitidos el 19 de mayo pasado por el conjuez Marco Aguirre dentro del proceso penal por peculado conocido como caso Reconstrucción de Manabí.
En la lista de sobreseídos que busca la parte acusadora pasen a ser llamados a juicio están Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa; Pablo Ortíz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; de José Nicanor B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; de Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; de Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; de Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.
La instalación de la diligencia estaba dispuesta para la mañana del miércoles,11 de junio, pero debido a que la defensa de Pablo Ortíz tenía otra audiencia que se cruzaba, la Sala de Apelación resolvió dejarla para la tarde de ese mismo día.
La decisión se tomó principalmente porque al ser consultado el fiscal general Wilson Toainga y los abogados de los acusadores particulares: Procuraduría y CPCCS, estos pidieron a los jueces que se busque la forma de instar la audiencia para que se pueda concer la decisión y quienes sean llamados a juicio se sumen a la diligencia del 17 de junio próximo en la que serán juzgados el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí.
“Es evidente que este caso tiene un nivel de connotación y principalmente la audiencia de juzgamiento de los dos que fueron llamados a juicio está ya señalada para el martes, 17 de junio próximo. Por el principio de economía procesal sería necesario y urgente que la administración de justicia decida sobre los ahora recurrentes, para que una vez que exista el pronunciamiento concreto sobre los sobreseídos podamos realizar, en unidad de acto, la audiencia del juicio el 17 de junio. La Fiscalía solicita a ustedes (Tribunal de Juicio) que se establezca la prioridad de este caso y procedamos a instalar la audiencia”, anotaba Toainga al fundamentar su negativa a que se acepte un diferimiento de la audiencia para otra fecha lejana.
Vanesa Cárdenas, de la Procuraduría, y David Soria, del Consejo de Participación, fundamentaron en la misma línea de la Fiscalía su oposición a que se difiera para otro día la audiencia de apelación. En ambos casos se pedía al Tribunal de Apelación se instale la audiencia y se pueda conocer quiénes de los siete sobreseídos o todos ellos son llamados a juicio, y pueden sumarse a la lista en la que al momento solo estaban Jorge Glas y Carlos Berrnal.
La audiencia se instaló a las 14:00 del miércoles último y se suspendió pasadas las 17:00 de ese mismo día. En ese lapso intervinieron los representantes legales de las instituciones que presentaron el recurso de apelación: Fiscalía, Procuraduría y el CPCCS.
Toainga aseguró que existen los elementos de convicción suficientes que permiten advertir una efectiva participación de los siste sospechosos sobreseídos en los hechos investigados en el caso Reconstrucció de Manabí, por lo que solicitaba a los jueces Córdova,Camacho y Cabrera que acepten la fundamentación de los recursos realizados y se dicte en contra de los siete hoy sobreseídos un auto de llamamiento a juicio como autores directos del delito de peculado.
“Ha quedado claro que el sobreseimiento emitido por el juez Marco Aguirre está viciado de yerros. Se inobservó la naturaleza de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, extra limitándose a análisis propios que deben realizarse por un Tribunal de Juicio. Mal interpretó la teoría fáctica de la Fiscalía, concibiendo a la priorización como único acto de abuso de fondos públicos y dicha falla en su apreciación provocó que no se analice la totalidad de los elementos de convicción de los ahora sobreseídos para quienes se ha solicitado auto de llamamiento a juicio”, agregó Toainga.
Desde la Procuraduría y el Consejo de Participación se hizo un pedido similar a la Sala contra los siete sobreseídos.
En ese punto, el presidente de la Sala, Felipe Córdova, explicó que en esta diligencia de apelación se ha escuchado ya a la acusación oficial y acusación particular en la sustentación de sus recursos de apelación, pero, sostuvo, debido a la agenda que tienen que cumplir algunos de los magistrados de este Tribunal, tanto el día de hoy como los subsiguientes días, los integrantes de la Sala decidieron suspender la diligencia y retomarla el próximo lunes, 16 de junio, desde las 14:00, para continuar con la audiencia oral pública y contradictoria, realizar el ejercicio contradictorio, así como las réplicas que corresponden.
Ante la cantidad de accionados: siete, el que existe la posibilidad de réplicas y contrarreplicas y la abundante información que debe revisar el Tribunal para emitir una resolución es poco probable que de llegar a existir un auto de llamamiento a juicio, los involucrados puedan sumarse a la audiencia de juzgamiento convocada para el marte,17 de junio, a las 08:30.
Otra situación que impediría que de existir llamados a juicio en este grupo de siete sobreseídos en el caso Reconstrucción de Manabí, estos puedan sumarse a la ya convocada audiencia de juicio,es que la norma señala que los sujetos procesales pueden ser convocados para cualquier audiencia con un mínimo de 72 horas de anticipación.
En el caso Reconstrucción de Manabí la Fiscalía sostiene que existió el delito de peculado en la ejecución de obras de reconstrucción con los fondos de la Ley de Solidaridad, tras el terremoto de abril de 2016 que afectó a Manabí y Esmeraldas.
Desde la Fiscalía se afirma que con ese dinero se desarrollaron once proyectos que no eran prioritarios y no habrían guardado relación con el objetivo de la ley aprobada. La investigación realizada habría evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos a ellos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron proceso de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada a familiares de, por ejemplo, el procesado Carlos Bernal. (I)
