
Nuevo episodio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los indicadores de alquiler ilegales de los pisos turísticos y Contra Airbnb. Después de haber enviado tres decisiones diferentes a la plataforma en los últimos meses, lo que se ha anunciado que se habían determinado 65,935 anuncios ilegales de apartamentos turísticos y en los que se le pidió que los retirara, lo que también hizo con las autonomías en las que estaban estas casas, ahora era justicia que su tesis confirmó.
La Corte Suprema de Madrid desestimó la apelación contra la primera solución de consumo presentada por Airbnb, que afecta a 5.800 apartamentos turísticos en seis municipios autónomos diferentes (Andalucía, Madrid, Cataluña, comunidad valenciana, vasco).
En vista de este apoyo judicial, la Dirección General del Consumidor ha empujado a la subsidiaria de Airbnb en Irlanda desde Airbnb, que administra negocios en Europa, al bloqueo de más de 65,935 anuncios ilegales de apartamentos turísticos que cumplen con las tres portadas.
El consumo los ve como ilegales porque violan las regulaciones para la publicidad de este tipo de alojamiento turístico y las regulaciones de las diversas autonomías en las que son. En primer lugar, se argumenta que los anuncios no contienen la licencia o número de registro, lo cual es obligatorio en varias autonomías que están sujetas al examen.
También muestra que los anuncios no requieren la naturaleza legal de los propietarios. El consumo muestra que el conocimiento de si los especialistas o individuos caseros son «un problema para saber si el empleado de la OMS está protegido como un consumidor o no». De hecho, EEl ministerio tiene un archivo de sanción abierto a varios pisos turísticos para que la identidad de las personas alquile su cartera de hogares. Según las ventajas, puede ocultar su verdadera identidad para evitar la obligación legal de tener un servicio al cliente para cumplir con posibles reclamos. También existe para superar el rechazo de una gran parte de la demanda de alquiler de turistas hacia los grandes gerentes y propietarios de suelos, ya que no se casan Los principios de la economía colaborativa para la que nacieron empresas como Airbnb.
El tercer hecho que está condenado para el consumo es que hay anuncios que contienen los números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades. «Esta práctica puede engañar o engañar a los consumidores».
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, refutó la decisión del ministerio para «estrangular» la publicación y comercialización de espacio de vida ilegal. Señala que la decisión del TSJ muestra que es la competencia del gobierno lidiar con el problema y no con las comunidades que son «el último vínculo en la cadena». Madrid es la ciudad de España con más pisos turísticos. En total hay más de 16,300, de los cuales 15.200 operaron fuera de la leySegún los datos del Ministerio de Consumo, que recopila Álvaro Sánchez Martín.
Esta semana, el Ayuntamiento aprueba el plan de residentes llamado SO, con el cual la sala de vacaciones del centro de la ciudad está destinada a concentrarse en edificios que solo están reservados para esto. Desde la oposición de la izquierda, crees que las nuevas regulaciones llevarán a más vecinos a la periferia y que la solución es fortalecer la plantilla del inspector. El PSOE critica que solo hay 18 inspectores que monitorean las más de 120,000 empresas en toda la ciudad. No solo pisos turísticos. De hecho, solo 92 apartamentos sin licencia fueron castigados el año pasado.































