Este martes 13 de mayo, en el juicio contra el empresario Pedro Saona, quien fue entregado de la República Dominicana a Ecuador en septiembre de 2022.
El juez Javier de la Cadena (Presidente) y los Konjuekes Olavo Hernández y Marco Aguirre, toda la cámara criminal, responsable del caso en el caso de Las Torres, el juez Javier de la Cadena (hablante).
La sentencia de Saona, basada como autor del crimen de delincuencia organizada, logra más de dos años que un tribunal de CNJ condenó al ex contralor Pablo Celi el 10 de febrero de 2023, su hermano y abogado Estro Celi, el antiguo gerente de Petro -Ecuador y otra octava persona, y otra ocho personas para su responsabilidad en el evento y el evento y 2020.
Según el fiscal público, los crímenes perseguidos en las torres a través de casos públicos como la mejora general del estado (CGE), el petroecuador -aktiengesellschaft y la secretaría de la presidencia de la república habrían tenido lugar en el gobierno de Lenín Moreno. La acusación se refiere al hecho de que un grupo estructurado fue operado en estos tres casos que colocaron a la empresa contratista en la publicación de pagos o flujo de fermentación en el compatriota.
Ya en este asunto se dijo que esta organización criminal intentó facilitar el 20 % de una factura de 20.3 millones de dólares estadounidenses a cambio de la desvanecimiento de un brillo y el alivio del pago de facturas, que deberían pagarse a la empresa contratista Nolimit. debió nolimit.
El abogado subrogante del abogado, Wilson Toainga, dijo en el caso de Saona, basado en los hechos Prova en la sentencia del caso principal, demostró que el empresario juzgado como un personal confiable de Esteban Celi facilitó su cuenta personal de la Banco de la Fargo de West de transferencia $ 110,000 el 16 de mayo de 2017 por José Luis de La Paz, a través de la compañía Monay Industries.
Según el fiscal público, estos montos obviamente han tenido el objetivo de los hermanos Esteban y Pablo Celi, ya que seis brillos de la compañía Nolimit se habrían desvanecido a cambio de una cantidad de más de 13 millones de dólares estadounidenses.
Pablo Celi y Pablo Flores recibieron un castigo grave de trece años y cuatro meses de prisión cuando miraron a los autores y líderes directos de la estructura. Durante el escenario de colaboración, fueron sentenciados a varias oraciones, la Natalia Cárdenas, Exasora de Petroecuador Management; Mauricio Orellana, ex gerente de Petroecuador Refining, Martha Barezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Biones.
Además, Toainga dijo que no solo demostraría que el acusado es el único socio de LegalCorp Company y que era una firma autorizada de la misma, sino que también fue administrada por Esteban Celi, sino que también mostrará que Saona hizo el informe sobre las empresas mencionadas anteriormente en las condiciones de José -LA -Paz en los Estados Unidos hizo que sea más fácil aumentar el porcentaje de las ventajas empresariales. 20.3 millones, aproximadamente para servicios adicionales.
Por otro lado, el fiscal público de la subdivisión dijo que demostraría que los efectos materiales a favor de las víctimas por el crimen en el caso de Torres son de 100,000 dólares estadounidenses, según lo acordado por el tribunal en la sentencia de 2023.
«En el curso de esta audiencia y evaluación del certificado, evidencia experta y documental, los jueces son condenados por la colaboración efectiva de Pedro Vicente Saona Roca en el grupo organizacional para lograr los servicios económicos acordados», dijo el fiscal Toainga.
La defensa de Pedro Saona, Fernando Jarrín, dijo que demostraría que su cliente no era parte de este grupo estructurado que no actuó ni una dirección dentro de este crimen organizado, y lo que es peor que se benefició de un problema económico.
«Durante el desarrollo de esta audiencia, demostraremos a los jueces nacionales de los hombres que Pedro Saona Roca no ha publicado ningún acuerdo o un acuerdo con el grupo penal estructural.
En este caso, la Sociedad Pública de Petroecuador y la Corporación de Bocas de Petroecuador participan como fiscal público privado. (I)
