El Gobierno presentó este martes 9 de junio la Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes (PLENA 2026-2035), una estrategia que busca reducir los embarazos en niñas y adolescentes, fortalecer su permanencia en el sistema educativo y garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
La iniciativa es coordinada por la Vicepresidencia de la República y cuenta con la participación de los ministerios de Salud Pública, Educación, Desarrollo Humano y Gobierno, además del acompañamiento técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Durante el acto de lanzamiento también se suscribió el acuerdo que reglamenta el Comité Nacional de Gobernanza encargado de coordinar la implementación de la política.
La vicepresidenta María José Pinto señaló que la prevención del embarazo adolescente está vinculada a la generación de oportunidades para niñas y jóvenes. “Prevenir el embarazo adolescente es hablar de oportunidades: de más niñas terminando el colegio y construyendo un proyecto de vida. La inversión social no es un gasto; es la inversión más inteligente que puede hacer un país”, afirmó.
Según datos presentados durante el evento, en Ecuador se registran más de 32.200 nacimientos anuales en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Además, el estudio Milena 1.0, elaborado en 2025, estima que esta problemática representa un costo superior a los $ 216 millones anuales debido a pérdidas de productividad, brechas educativas y gastos en atención sanitaria.
La nueva política da continuidad a la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (PIPENA), vigente entre 2018 y 2025. De acuerdo con la Vicepresidencia, durante ese periodo la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años se redujo de 70,40 a 39,55 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes, lo que habría permitido prevenir 23.588 nacimientos.
PLENA 2026-2035 contempla metas orientadas a disminuir de forma sostenida la tasa de fecundidad adolescente durante la próxima década, promover condiciones de crecimiento equitativo y reducir los efectos de la pobreza intergeneracional asociada a la maternidad temprana.
La estrategia concentrará inicialmente sus acciones en 46 cantones considerados prioritarios por sus niveles de vulnerabilidad, ubicados en provincias como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y la Amazonía.
Cada cartera de Estado tendrá responsabilidades específicas dentro del plan. El Ministerio de Salud Pública presidirá permanentemente el comité de gobernanza y continuará impulsando servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes.
Por su parte, el Ministerio de Educación fortalecerá la Educación Integral en Sexualidad en los ámbitos escolar y comunitario. La ministra Gilda Alcívar indicó que esta herramienta será clave para la prevención y para garantizar la permanencia y culminación de estudios de madres y adolescentes gestantes.
El Ministerio de Gobierno coordinará acciones con los gobiernos autónomos descentralizados para activar mecanismos de protección y derivación de casos relacionados con violencia sexual y de género. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano desplegará mesas zonales, atención psicosocial y estrategias de acompañamiento familiar.
Una de las novedades de esta etapa es la incorporación del Ministerio de Economía desde el diseño de la política. Además, con apoyo de UNFPA e Instiglio, se implementará un mecanismo financiero basado en resultados, mediante el cual recursos de cooperación internacional y del sector privado se activarán únicamente cuando se verifique el cumplimiento de metas previamente establecidas. (I)
