El primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se realizó en el pleno de la Asamblea Nacional, este lunes, 8 de junio de 2026.
El informe, elaborado por la Comisión de Justicia, sostiene que estas reformas responden a la necesidad de adecuar el sistema penal ecuatoriano a las nuevas manifestaciones de la criminalidad y unifica decenas de iniciativas legislativas presentadas desde 2024 sobre materias relacionadas con seguridad, delitos rurales, abigeato, integridad deportiva, tránsito, migración y otras áreas penales.
El debate arrancó con Rosa Torres, legisladora de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la Comisión de Justicia, quien es la proponente del texto. La asambleísta destacó que esta iniciativa se constituye como una “reingeniería y una arquitectura” del COIP y no como un cambio a un artículo.
“Lo que hoy presentamos es una reforma que mira al crimen como un sistema y responde como sistema, porque hay una realidad que no podemos evitar: el crimen organizado evolucionó”, dijo Torres.
La presidenta de la comisión resaltó que entre los cambios que plantean las reformas está una propuesta que desagrega el delito de peculado en cinco modalidades; se sanciona la quiebra fraudulenta de una entidad financiera; se agravan las penas cuando se afectan recursos de salud, educación o incluso alimentación; y establece la inhabilitación de por vida para el cargo público cuando se cometen infracciones.
El legislador independiente Cristian Benavides reconoció que el COIP necesita cambios estructurales y resaltó su propuesta de aumentar la pena para el delito de abigeato, hasta cinco o siete años de cárcel, con agravantes que podrían llegar hasta los diez años.
Por su parte, Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), destacó la incorporación de cambios como el aumento de penas e hizo una propuesta en torno a la acumulación de penas.
“El tope máximo de acumulación de penas en el Ecuador es de 40 años. Es decir, que si un delincuente va y roba ganado, le dan 26 años; y si comete el asesinato en el robo de ganado del mismo, 26 años. Si ese mismo delincuente le roba y mata a una persona en su segundo robo, solo le dan 14 años, porque ya llegó a 40. Y si ese delincuente vuelve a robar ganado y produce la muerte del dueño del ganado, le dan cero, porque ya llegó a los 40 años”, ejemplificó.
En este sentido, Serrano planteó eliminar el techo de 40 años como pena superior o como acumulación y que se permita acumular las penas de acuerdo con los delitos que haya cometido.
Para la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Liliana Durán es preocupante que la Asamblea pretenda analizar en un solo paquete legislativo una reforma que acumula 84 proyectos distintos, incorporando materias tan diversas como extorsión, violencia sexual, aborto por violación, delitos ambientales, protección de datos, peculado, delitos electorales, terrorismo, infraestructura crítica digital y grupos subversivos.
“Cuidado, señores legisladores: la seguridad ciudadana no puede convertirse en una excusa para ampliar sin límites el poder punitivo del Estado. Porque cuando la política fracasa, cuando las instituciones fracasan y cuando el Estado abandona a la ciudadanía, la respuesta no puede ser únicamente reformar el Código Penal”, enfatizó.
Asimismo, Marian Yumbay, legisladora de Pachakutik, reconoció que el proyecto de reformas tiene disposiciones legales positivas; sin embargo, observó que otras no están totalmente claras y podrían dejar abierta la posibilidad a controversias constitucionales.
La asambleísta examinó que se debe fortalecer el delito de obstrucción de la justicia, pues se debe garantizar que los jueces actúen respetando la seguridad jurídica y el debido proceso. Asimismo, manifestó su preocupación sobre la tipificación del delito de coacción al sufragante en elecciones populares, pues la redacción, dijo, “tiene expresiones amplias y no define con precisión qué debe entenderse por coacción y podría afectar a los derechos de participación política”.
Tras la intervención de catorce asambleístas, la presidenta del Parlamento, Mishel Mancheno, dispuso que el informe retorne a la Comisión de Justicia para que incorpore los cambios necesarios e incluya en un documento para segundo y definitivo debate.
¿Qué plantean las reformas al COIP?
De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión de Justicia, el proyecto demuestra una clara orientación hacia la protección de grupos vulnerables, la seguridad ciudadana y en el entorno digital; “ámbitos en los que el derecho penal vigente es insuficiente”.
La iniciativa incluye nuevas figuras penales como el comercio ilegal de datos, pertenencia a grupos subversivos y de criminalidad organizada, manipulación de competencias deportivas y la coacción al sufragante.
Además, reforma artículos vigentes en el COIP con el fin de fortalecer la protección de derechos, como la ampliación de las causales de aborto no punible a casos de violación o inseminación no consentida; redefine la violación para incluir un supuesto que afecta a los hombres; endurece penas en delitos contra la propiedad y libertad, así como la actualización del delito de abigeato, por la necesidad de las zonas rurales.
Finalmente, la reforma fortalece y adecúa el régimen sancionatorio en materia de corrupción, crimen organizado y seguridad del Estado. (I)
